Estudio revela implicaciones en gestiones de Arce y Paz por el escándalo de ‘gasolina basura’

El diputado Carlos Alarcón, quien actúa como vocero de la comisión especial que indaga el caso de la conocida como 'gasolina basura', reveló que el informe elaborado destaca posibles responsabilidades tanto en el gobierno de Luis Arce Catacora como en la administración actual.

Este documento se presentará en los próximos días ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde se determinará el rumbo de la investigación respecto a la calidad del combustible y los contratos relacionados con su suministro.

Alarcón mencionó que se señaliza como posibles implicados al expresidente Arce, a los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como a exfuncionarios de YPFB, incluyendo a Wilson Dorgathen. “Es evidente que ambas gestiones tienen responsabilidad en este asunto”, afirmó el legislador.

El diputado enfatizó que si se pretende modificar o desestimar las conclusiones del informe, ello debe estar debidamente justificado, refiriéndose directamente a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, a quien criticó por el manejo del mismo. “Si quiere ignorar el contenido, deberá explicar por qué”, expresó.

Uno de los contratos clave señalado en el informe es el que YPFB suscribió con la empresa Ditol durante el gobierno de Dorgathen, en la administración de Arce. Alarcón detalló que dicho contrato fue modificado en cuatro ocasiones durante el gobierno anterior y aún se amplió en la actual gestión el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles.

El diputado cuestionó las decisiones tomadas en ese momento, sugiriendo que se debió aprovechar la ocasión para finalizar el contrato y buscar mejores opciones de suministro. “¿Por qué se amplió el contrato cuando era posible dejarlo expirar y buscar gasolina de calidad en el nuevo contexto de precios?”, interrogó.

El escándalo adquiere un carácter económico significativo, ya que toca a la principal empresa estatal del sector hidrocarburos y afecta el abastecimiento de combustibles, un factor crítico para la economía boliviana. Las observaciones de Alarcón insinúan que las responsabilidades abarcan ambas administraciones, dado que el contrato se inició bajo el gobierno de Arce pero fue luego modificado por la gestión actual.

Además, el legislador criticó la tardanza en el tratamiento del informe, que permaneció sin discusión durante casi un mes tras su envío a la presidencia de la Cámara Baja. “La presidenta de la comisión dejó que este informe pasara desapercibido”, manifestó.

El próximo paso será la evaluación del documento por parte del pleno, donde se decidirá si se establecerán responsabilidades políticas o administrativas, o si se tomarán otras acciones en el transcurso de la investigación. Este caso subraya la importancia de la gestión de contratos de importación de combustibles en un contexto donde el costo y disponibilidad de gasolina y diésel afectan directamente al transporte, la producción, y los precios en el mercado.