El nuevo proyecto de Ley de Inversiones genera cuestionamientos por sus contradicciones

El analista Omar Rilver Velasco Portillo ha expresado su preocupación por el reciente proyecto de Ley de Inversiones impulsado por el Gobierno, señalando seis contradicciones que podrían afectar su implementación y propósito.

Entre sus principales observaciones, destaca la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI) y el plazo de 120 días asignado para el desarrollo del Plan de Inversiones. Velasco cuestiona las funciones que esta agencia desempeñará durante dicho período, planteando dudas sobre su eficacia y operaciones.

Otro aspecto crítico que menciona son los incentivos otorgados a las empresas transnacionales, ya que, según su análisis, el proyecto no incluye obligaciones mínimas en áreas vitales como la inversión local, la generación de empleo, la transferencia de tecnología y el retorno de divisas al país. Esto podría debilitar el compromiso de las empresas extranjeras con el desarrollo nacional.

Velasco también hace hincapié en las exenciones fiscales propuestas, que abarcan beneficios en IVA y Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios relacionados al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). A su juicio, estas medidas podrían resultar en una disminución de los ingresos fiscales del Estado, sin que existan criterios claros para compensar esta pérdida.

En cuanto a la repatriación de utilidades y dividendos, el analista advierte que el proyecto no establece requisitos mínimos de reinversión en Bolivia, lo que permitiría a las empresas extranjeras extraer capital del país sin garantías de retorno de las divisas obtenidas por exportaciones.

Finalmente, Velasco cuestiona el papel de la Asamblea Legislativa en la ratificación de contratos de inversión. Sostiene que la norma podría vulnerar el marco constitucional al otorgar al Ejecutivo más control sobre los contratos con el Estado, lo que contradice las atribuciones establecidas para la Asamblea.

El analista concluye que el proyecto permitiría al Gobierno financiar iniciativas de crédito, así como garantías y coinversión con recursos públicos destinados al sector privado, una práctica que considera problemática, sobre todo en un contexto de déficit fiscal que enfrenta el país.