Propuestas de reforma constitucional para impulsar inversiones en Bolivia

Los políticos Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga han propuesto modificaciones a la Constitución con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones y mejorar los mecanismos de arbitraje. Por su parte, Manfred Reyes Villa aboga por una transformación más profunda hacia un modelo estatal federal.

Necesidad de reformas para atraer inversiones

Quiroga enfatizó que, para que Bolivia compita a nivel global, es crucial "destrabar" los obstáculos en el ámbito de los arbitrajes, señalando que sin una reforma constitucional, las promesas de inversión no se concretarán. El ex presidente argumentó que es fundamental generar confianza para atraer capital extranjero.

Doria Medina, en representación de Unidad Nacional (UN), recordó que su partido había propuesto desde noviembre de 2025 una reforma parcial que cambiaría el modelo económico, suspendiendo las elecciones judiciales directas y eliminando el Tribunal Constitucional. También sugirió la incorporación de dos artículos que limitarían ciertas disposiciones que, según él, obstaculizan leyes sectoriales y prohibirían nacionalizaciones por motivos ideológicos.

Además, Quiroga cuestionó la efectividad de la Ley de Inversiones y de la agencia destinada a promover capitales, sugiriendo la eliminación del doble gravamen sobre la remisión de utilidades, así como la reducción del IVA y aranceles. También propuso regresar al arbitraje internacional, con especial énfasis en sectores como hidrocarburos y minería.

Desde Cochabamba, Reyes Villa refirió que es necesario un cambio estructural hacia un Estado federal en lugar de seguir realizando reformas parciales. Argumentó que el arbitraje es esencial para atraer inversiones, sugiriendo la posibilidad de reincorporar mecanismos como el CIADI para fomentar la confianza empresarial.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que Quiroga tiene el derecho de presentar sus propuestas en la Asamblea Legislativa, pero subrayó la urgencia de soluciones inmediatas para el país. Defendió la Ley de Inversiones como una herramienta para recuperar la confianza y activar la economía sin esperar cambios en la Constitución.

Aramayo también criticó la idea de que la llegada de inversiones dependa de una reforma constitucional, sugiriendo que si esa propuesta requiere de un cambio en la Carta Magna, debería seguir el proceso legislativo correspondiente, indicando que podría ser un tema a discutir en un plazo de 5 a 10 años.