En Bolivia, las crisis de desabastecimiento de diésel y gasolina han sido recurrentes, y en cada gestión, se observa un patrón que involucra a grupos familiares que convierten el sector energético en su propio negocio. Este fenómeno se ha manifestado a lo largo de los gobiernos, incluyendo el de Luis Arce y Rodrigo Paz.
Entre marzo de 2025 y agosto de 2026, el país enfrentó tres episodios de desabastecimiento, junto con un escándalo relacionado con combustibles adulterados que afectó a miles de vehículos. La actual crisis ha llevado a la destitución de varios altos funcionarios de YPFB, donde el hilo conductor parece ser la misma familia influyente que se beneficia de la importación de combustibles.
Investigaciones en curso y patrones de corrupción
Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Arce, fue arrestado en marzo de 2026 cuando intentaba evadir la justicia, encontrándose en su poder una suma considerable de dinero y documentos que lo vinculaban a prácticas corruptas dentro de YPFB. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha rastreado propiedades y vehículos a su nombre, sugiriendo un enriquecimiento ilícito significativo.
Las investigaciones también han alcanzado a familiares cercanos, con el hermano de Marcelo, Rafael, involucrado en diversas instituciones estatales como ENDE y ENTEL, mientras que su hermana Daniela ha sido objeto de atención por un crédito millonario obtenido a una edad muy temprana. Estos casos han puesto en evidencia una red familiar que ha forjado lazos con el aparato estatal.
La situación se complica aún más con las acusaciones de Nadia Beller, quien ha denunciado irregularidades en la relación entre el entorno de Rodrigo Paz, incluyendo a su esposa, y la manipulación de contratos relacionados con la importación de combustibles. Beller ha señalado vínculos directos con la obtención de comisiones irregulares, lo que genera dudas sobre la transparencia en el manejo del sector energético.
El escándalo ha llevado a reacciones contundentes, como la censura del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y la presión social sobre el gobierno para abordar el tema. A pesar del rechazo ciudadano, la administración de Paz ha intentado justificar sus decisiones en medio de las crisis continuas que afectan a la población en términos de costos y suministro de combustible.
Este ciclo de corrupción, que parece persistir independientemente de quién esté en el poder, pone de manifiesto una profunda crisis de confianza en las instituciones y sugiere que, mientras el combustible siga siendo un negocio familiar, el bienestar del país continuará en un segundo plano.
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