La economía boliviana enfrenta su crisis más profunda mientras la atención se desvía hacia el espectáculo político

A medida que el país se enfrenta a un clima de inestabilidad social y política, la crisis económica se agrava silenciosamente. Las noticias del día a día giran en torno a acusaciones, peleas y denuncias, pero el verdadero problema es la situación financiera que se encuentra en un estado crítico.

Bolivia actualmente atraviesa tres crisis interrelacionadas: una crisis cambiaria, una crisis del modelo de crecimiento y una crisis social. A esto se suman otros desafíos como la crisis ambiental e institucional, que son igualmente relevantes. Sin embargo, el foco se debe centrar en las crisis económica y social que están afectando a la población.

El primer indicio de la crisis es la recesión. El país ha registrado un tercer año consecutivo de contracción económica, y se estima que para 2026 el Producto Interno Bruto (PIB) sufrirá una caída entre el -3,3% y el -3,6%. Esta situación es alarmante, ya que es la más severa desde la crisis de los años 80, a excepción de la caída debido a la pandemia en 2020.

Los motores que impulsaban el crecimiento económico, como la renta del gas y el gasto público, se han debilitado. La producción de gas ha disminuido y los déficits fiscales han aumentado, lo que ha llevado a que ambos motores estén inoperantes. La falta de un nuevo motor de crecimiento, basado en inversión privada y exportaciones, agrava aún más la crisis.

La inflación es otro factor que preocupa. El año 2025 cerró con una tasa de inflación del 20,4%, la más alta en tres décadas. Las proyecciones para 2026 muestran una amplia variabilidad, con estimaciones que van desde el 9% hasta más del 20%. Esta situación es crítica, ya que la inflación impacta de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.

Un aspecto alarmante es el deterioro de los ingresos laborales, que han perdido aproximadamente un tercio de su poder adquisitivo desde 2019. Aunque el salario nominal podría haber aumentado, el verdadero indicador a considerar es la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con esos ingresos, y este ha disminuido considerablemente.

La pobreza también ha alcanzado niveles preocupantes, afectando a alrededor del 44,7% de la población en 2025, con proyecciones que podrían elevar este número entre el 46% y el 50% en 2026. Esto representa entre cinco y seis millones de bolivianos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Es evidente que las soluciones deben ir más allá de la polarización entre ajustes o no ajustes. Es necesario implementar políticas que atiendan los desequilibrios fiscales y monetarios, mientras se busca un equilibrio que no sacrifique a los más necesitados. La credibilidad económica se forja en la capacidad de cumplir metas razonables, no en promesas grandilocuentes.