Gobierno evalúa la posibilidad de extender el estado de excepción frente a bloqueos persistentes

El Ejecutivo, bajo la gestión de Rodrigo Paz, ha abierto la puerta a la posibilidad de prorrogar el estado de excepción que se encuentra en vigor en Bolivia. Esta medida se toma en respuesta a las manifestaciones de bloqueos y la amenaza de nuevas movilizaciones contra el Decreto Supremo 5676, que regula el precio y la subvención de los combustibles.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, advirtió que si las acciones de presión que obstaculizan la libre circulación continúan, el Gobierno podría contemplar la extensión de esta medida excepcional. El objetivo de esta decisión es prevenir el resurgimiento de los conflictos que tuvieron lugar en mayo y junio, donde los bloqueos se prolongaron por varias semanas, afectando gravemente el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos.

José Luis Gálvez, vocero presidencial, matizó que por el momento no se considera una prioridad inmediata la ampliación del estado de excepción. Aclaró que la medida sigue vigente y que es fundamental que las autoridades implementen las restricciones correspondientes, además de sancionar a quienes bloqueen carreteras.

El estado de excepción fue declarado por el presidente Paz el 20 de junio a través del Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que establece su vigencia hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier posible ampliación necesitaría la autorización de la Asamblea Legislativa, según lo indicado por expertos en derecho constitucional.

La discusión sobre esta medida se ha intensificado debido a que diferentes sectores han reinstalado bloqueos y anunciaron nuevas movilizaciones. Un punto crítico es el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores han mantenido bloqueos durante tres días consecutivos, exigiendo, entre otras cosas, la liberación de detenidos.

Desde la oposición, varios legisladores critican al Gobierno, sugiriendo que antes de considerar una ampliación del estado de excepción, deberían enfocarse en hacer cumplir el que ya está vigente. Por su parte, desde el oficialismo se está promoviendo una propuesta para extender la medida por seis meses, citando la posibilidad de nuevos conflictos sociales y emergencias.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, enfatizó que el estado de excepción es una herramienta temporal y que su existencia no soluciona las causas estructurales de los conflictos. En este sentido, instó a priorizar el diálogo y atender las demandas que podrían llevar a una nueva escalada de protestas.

Por ahora, el Gobierno mantiene la opción de ampliar la medida en consideración, pero no hay una decisión final. La evaluación dependerá de cómo evolucionen los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, además de seguir el procedimiento establecido por la normativa para una posible extensión.