Gobernador de Cochabamba impone venta de tierras a excandidatos opositores

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, ha tomado la decisión de exigir a los excandidatos de la oposición que participaron en elecciones anteriores que vendan sus tierras, en un plazo estipulado de 90 días. Esta medida ha suscitado una ola de controversia y denuncias sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.

Edwin Claros, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, cuestionó esta acción, señalando que Loza, como autoridad, debería garantizar los derechos políticos y civiles que la Constitución protege. En su juramento de posesión, Loza se comprometió a respetar la Constitución y las leyes, las cuales, según Claros, incluyen la defensa del derecho a la propiedad privada y las libertades individuales.

El dirigente Aquilardo Caricari, representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba, defendió la decisión, argumentando que los miembros de la unión sindical deben acatar lo que se decide por mayoría en sus congresos. Según él, aquellos que se han afiliado a la organización están conscientes de estas reglas y deben cumplirlas.

Los afiliados a estas organizaciones habían sido candidatos de partidos políticos opositores en las elecciones recientes, lo que Caricari considera una traición a la causa. Sin embargo, Claros advirtió que esta decisión es un precedente alarmante que podría facilitar el abuso de poder y la persecución ideológica, poniendo en riesgo la propiedad privada y las libertades democráticas.

La medida ha sido considerada por Claros como un desmadre que atenta contra la Constitución Política del Estado al despojarlos de sus derechos por sus diferencias ideológicas. Esta situación podría abrir la puerta a sanciones más severas para quienes expresen opiniones políticas divergentes en la región.