Propuesta de Ley para la Libre Importación de Combustibles en Bolivia

Recientemente, los senadores Branko Marinkovich, Ernesto Suarez y Kathia Quiroga enviaron a la Cámara de Senadores un proyecto denominado Ley de Libertad de Importación, Almacenaje, Transporte y Comercialización de Combustibles Líquidos. Este proyecto aborda la necesidad urgente de trasladar la importación de combustibles al ámbito privado, lo que podría ser un avance significativo para el país.

La propuesta pretende instaurar un régimen de libre importación que abarque toda la cadena de combustibles, permitiendo a individuos y empresas, tanto nacionales como extranjeras, importar sin restricciones de precios o trámites burocráticos. Se espera que esto genere un mercado competitivo, donde las empresas buscan atraer clientes a través de mejores precios y calidad.

Este proyecto busca eliminar el monopolio estatal existente que ha provocado problemas como escasez de recursos para importaciones, corrupción y largas filas para obtener combustibles. Al hacerlo, se pretende establecer un sistema más eficiente y dinámico.

En cuanto a los requisitos para las empresas importadoras, el proyecto de ley establece que no necesitarán autorizaciones previas ni licencias complejas. Solo deberán registrarse y cumplir con las normativas básicas de calidad y seguridad, permitiéndoles operar al precio que consideren adecuado.

La normativa también contempla un sistema impositivo simplificado, donde el único impuesto aplicable a la importación y comercialización de combustibles sería un IVA del 3%, eliminando otros tributos. Esto podría ser clave para estimular la producción y reducir los costos sin depender de subsidios.

Sin embargo, existen críticas sobre la continuidad de YPFB en el mercado. El proyecto permite que esta entidad estatal compita en condiciones que podrían ser desiguales frente a las empresas privadas. A pesar de las disposiciones para asegurar una competencia justa, se cuestiona la viabilidad de lograr este objetivo en un entorno donde una empresa estatal tiene ventajas inherentes.

Por otro lado, la creación de una nueva entidad estatal para verificar la calidad de los combustibles genera preocupaciones sobre la posibilidad de corrupción y discrecionalidad. Se sugiere que un mercado privado de certificadoras sería más efectivo para asegurar la calidad del producto.

Finalmente, el proyecto enfrentará desafíos legales significativos, ya que la Constitución establece que YPFB es la única entidad autorizada para actividades relacionadas con hidrocarburos. Esta ambigüedad podría llevar a conflictos legales que obstaculicen la implementación de la ley, a pesar de que su dirección es la correcta para enfrentar los problemas actuales en el sector de combustibles.