El Estado de Excepción despeja carreteras, pero la crisis persiste

La reciente declaración de Estado de Excepción por parte del Gobierno de Rodrigo Paz ha permitido limpiar las principales vías del país tras más de 50 días de bloqueos. No obstante, esta medida extraordinaria no ha podido poner fin a las tensiones sociales, ya que distintos grupos ya han comenzado a planificar marchas y bloqueos en rechazo a las políticas económicas del Ejecutivo.

La Confederación Sindical de Choferes ha sido una de las primeras en manifestar su descontento. Su líder, Lucio Gómez, ha comunicado que podrían organizar movilizaciones una vez que finalice el Estado de Excepción, señalando que persisten las dificultades en el suministro de combustibles y que las esperas en las estaciones de servicio han aumentado.

Otros sectores también han comenzado a expresar su descontento. Agricultores, transportistas y organizaciones campesinas han anunciado acciones contra el Decreto Supremo 5676. En particular, el Trópico de Cochabamba se ha preparado para una marcha programada para el 4 de septiembre, mientras que la Federación Norte de San Julián ha decidido implementar un bloqueo a partir de este miércoles.

El Gobierno defiende la implementación del Estado de Excepción, argumentando que ha logrado restablecer la transitabilidad en las vías. Sin embargo, advierte que la Policía será responsable de mantener el orden si las conversaciones con los manifestantes no prosperan. Esto plantea una inquietud: despejar las carreteras no implica necesariamente que se hayan abordado las razones que llevaron a los grupos a interrumpirlas.

Con la vigencia del Estado de Excepción hasta el 20 de septiembre, surgen interrogantes sobre la efectividad del Gobierno en la gestión de esta crisis. ¿Ha logrado realmente desactivar el conflicto o simplemente ha conseguido ganar tiempo al liberar las rutas?