Controversia por el Decreto Supremo 5693 que reconfigura el uso del 6% del fondo

El Gobierno de Rodrigo Paz ha promulgado el Decreto Supremo 5693, el cual introduce medidas excepcionales para las entidades financieras que, hasta el 31 de julio de 2026, enfrentan dificultades para mantener sus niveles de solvencia debido a la situación económica actual. El propósito declarado es mitigar un posible deterioro y asegurar la continuidad de los servicios financieros en el país.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta norma es la modificación temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, establecido en 2026 con recursos provenientes del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Este fondo fue creado para facilitar el acceso al financiamiento, especialmente en lo que respecta a garantías para la vivienda social y créditos productivos.

Con la implementación del DS 5693, se permitirá que el fondo emita Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a entidades que presenten problemas de solvencia. Estos certificados tendrán una vigencia máxima de 90 días, lo que implica que los recursos inicialmente destinados para mecanismos de garantía ahora se destinarán temporalmente a fortalecer el patrimonio de los bancos en dificultades.

Esta decisión plantea un debate crítico sobre la salud del sistema financiero. Si ciertas entidades necesitan acceder a un mecanismo extraordinario para reforzar su solvencia, surge la interrogante sobre la gravedad de la situación que están atravesando. Aunque esta medida no confirma la existencia de una crisis bancaria sistémica, sí sugiere que es necesaria una mayor transparencia en la información por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Gobierno.

La consecuencia política y social de esta norma es clara: los fondos inicialmente destinados al 6% para facilitar el acceso a la vivienda y al crédito productivo podrían utilizarse para apuntalar la solvencia de los bancos. Históricamente, estos recursos han sido vitales para promover el acceso a viviendas de interés social, incluso contribuyendo con el aporte propio requerido por los bancos.

¿Está el Gobierno protegiendo al sistema financiero para evitar una crisis mayor o está sacrificando recursos destinados a vivienda y producción para resolver problemas de solvencia de los bancos?