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Política

Protestas en Santa Cruz y Cochabamba contra el aumento del diésel

por Tatiana Ledezma

2 de septiembre de 2026


La oposición al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo precio del diésel a Bs 18 para grandes consumidores, ha desencadenado una serie de protestas en Bolivia. Cuatro sectores han decidido llevar a cabo bloqueos hoy en Santa Cruz, mientras que el evismo planea una marcha en Cochabamba para este viernes 4 de septiembre.

Carlos Vaca, alcalde de San Julián, anunció que este miércoles se realizará un bloqueo de carreteras de 24 horas. "Hemos tomado la determinación de iniciar el bloqueo debido al decreto 5676", expresó Vaca, en referencia a las dificultades que enfrentan los productores por la falta de diésel.

El bloqueo en San Julián se decidió tras un ampliado de organizaciones sociales que expresaron su descontento por el impacto negativo del decreto en la producción agrícola. Un representante de los sectores sociales indicó que la acción será un "bloqueo relámpago" y que se mantendrán firmes en su demanda de abrogación del decreto.

A su vez, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios "Cuatro Cañadas" ha instruido a sus afiliados a cerrar temporalmente las carreteras durante 24 horas, comenzando a la medianoche. Este sector ha enfatizado que las medidas deben ser pacíficas y organizadas para evitar cualquier tipo de violencia.

También se ha sumado a las protestas la Federación de Campesinos del municipio de Yapacaní, que anunció que se unirá al bloqueo de este miércoles, reflejando el descontento generalizado entre los productores por el aumento del precio del combustible.

Por otro lado, el evismo, tras una reunión en el trópico de Cochabamba con Evo Morales, decidió organizar una marcha en la ciudad de Cochabamba para el viernes. Este sector también exige la abrogación del Decreto Supremo 5676 y se declaró en "estado de movilización permanente" debido a las políticas económicas del Gobierno.

Estas movilizaciones tienen lugar en un contexto de estado de excepción en el país, lo que añade una capa de complejidad a la situación política y social actual, incrementando las tensiones entre el Gobierno y los sectores sociales.


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