Bolivia enfrenta un nuevo reto fiscal tras acuerdo con el FMI
por Tatiana Ledezma
1 de agosto de 2026

La negociación entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha centrado sus condiciones en la reducción del déficit fiscal, que el país ha mantenido durante aproximadamente 12 años. Este déficit alcanzó un alarmante 12% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, y para 2026 se ha fijado un objetivo del 9%, según destacó el analista económico Fernando Romero.
Romero también señaló que, a pesar de esta meta, el FMI considera que el déficit sigue siendo elevado. Por tal motivo, se anticipa que el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2027 incluirá medidas más rigurosas y ajustes en el gasto del Estado.
El economista explicó que cumplir con estas metas fiscales es crucial para acceder a futuros desembolsos del FMI, lo que también abriría puertas a financiamiento de otras entidades internacionales. El déficit fiscal ocurre cuando la entidad gasta más de lo que ingresa, y en el caso de Bolivia, este fenómeno ha sido impulsado por la disminución de los ingresos por hidrocarburos y la falta de ajustes en el gasto público.
Romero subrayó que el país se ha acostumbrado a recibir ingresos significativos de la venta de gas natural, lo que ha llevado a un incremento en el gasto estatal sin la debida adaptación. A su vez, alertó que se han tomado créditos para cubrir el déficit, generando un ciclo de endeudamiento.
Por su parte, el analista Gonzalo Colque reportó que el déficit del PGE reformulado se ubica en Bs 47 millones, equivalentes a unos $us 3.900 millones, y prevé que la situación no variará en comparación con el año anterior. Para lograr una reducción efectiva del déficit, se hace necesario recortar el gasto estatal, ajustar los gastos corrientes, depurar la burocracia y considerar el cierre de empresas públicas que no son sostenibles.
Colque identificó ejemplos de empresas deficitarias como Quipus, Kokabol y la azucarera San Buenaventura, que deberían cesar operaciones. Además, sugirió que el gobierno, aunque ha reducido el número de ministerios de 18 a 14, no ha logrado reducir proporcionalmente los gastos, lo que evidencia una falta de coherencia en la gestión fiscal.
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