Propuestas para modificar el mecanismo de censura en la ALP

La destitución del exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, mediante un decreto presidencial tras su censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), plantea un dilema jurídico significativo en el país. La situación se desató luego de que Espinoza no asistiera a una sesión donde debía responder a un pliego interpelatorio, lo que llevó a los legisladores a aprobar su censura por 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones.

Espinoza justificó su falta por compromisos oficiales en Santa Cruz y Brasil, pero los legisladores decidieron desestimar su justificativo. A pesar de la votación, hubo una controversia sobre la necesidad de alcanzar dos tercios de los votos de la Asamblea, que equivale a 111 votos, lo que llevó al exministro a anunciar su intención de apelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El presidente del Senado, Diego Ávila, junto a Espinoza, subrayaron que la Constitución exige los dos tercios del total de asambleístas. En respuesta a este desacuerdo, el Órgano Ejecutivo emitió un decreto que oficializa la destitución de Espinoza y designa a Óscar Mario Justiniano Pinto como ministro interino de Economía.

Este conflicto ha revelado ambigüedades significativas entre la Constitución y las reglas internas de la Asamblea. Algunos legisladores críticos sostienen que es incongruente que para censurar a un ministro se exija un mayor quórum que el requerido para modificar la propia Constitución, lo que resalta una contradicción en el procedimiento.

Los sectores reformistas en la ALP argumentan que las exigencias actuales pueden llevar a un estancamiento legislativo, donde las minorías logran obstruir procesos mediante ausencias deliberadas. El diputado Carlos Alarcón reconoció que esta confusión en los procedimientos fue generada por la propia Asamblea, citando el caso del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, como un ejemplo crítico.

Alarcón también destacó que la ambigüedad constitucional genera diferentes interpretaciones sobre los votos necesarios para las interpelaciones, lo que ha dejado el reglamento de debates en un estado de indefinición. Por ello, anunció su intención de presentar una propuesta para modificar el reglamento interno de la Cámara de Diputados, buscando establecer que los dos tercios de votos requeridos se calculen solo sobre los asambleístas presentes en la sala durante las fiscalizaciones.