Nuevo enfoque del Gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico

El Gobierno de Bolivia ha dado a conocer su política antidrogas para el periodo 2026-2030, enfocándose en una serie de estrategias que buscan mejorar la inteligencia financiera y criminal, así como el control territorial para enfrentar el narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales que operan a nivel transnacional.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió que las organizaciones delictivas están expandiendo sus operaciones, diversificando sus rutas y mercados, al tiempo que incorporan nuevas tecnologías para facilitar sus actividades logísticas y financieras a través de las fronteras.

La interdicción y erradicación continúan siendo fundamentales, pero resultan insuficientes si las organizaciones criminales conservan sus estructuras de mando, financiamiento, logística y capacidad de reorganización.

Ejes estratégicos de la nueva política antidrogas

• Inteligencia estratégica y financiera
• Investigación criminal
• Recuperación de activos
• Control de precursores químicos
• Innovación tecnológica
• Justicia e integridad institucional
• Prevención del consumo de drogas
• Tratamiento y rehabilitación
• Desarrollo integral sostenible

Asimismo, la nueva estrategia incluye iniciativas para prevenir el consumo de drogas, y propone tratamientos y programas de reintegración social, además de un control responsable sobre los cultivos de coca.

Oviedo enfatizó en la necesidad de una respuesta coordinada entre diferentes países para enfrentar el narcotráfico, dado que las organizaciones criminales operan a nivel transnacional, lo cual exige un fortalecimiento en el intercambio de información y la colaboración en inteligencia criminal y financiera.

La nueva política se presenta tras el informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que revela un aumento significativo en la superficie cultivada, que pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 hectáreas en 2025, lo que equivale a un incremento del 7%.

El mayor crecimiento se ha registrado en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie cultivada de coca aumentó de 14.275 a 17.460 hectáreas, lo que representa un notable incremento del 22%.

Para Oviedo, estos datos representan un reto para el Estado, que debe recuperar su capacidad de intervención y reforzar las acciones de control sobre los cultivos excedentarios e ilegales. Concluyó afirmando: "Ante una amenaza que no reconoce fronteras, Bolivia responde con más Estado, más cooperación y una firme decisión de proteger su futuro".