Gobierno de Bolivia planea eliminar subsidios a combustibles para 2027

El Gobierno boliviano, en el marco de un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de $us 1.900 millones, ha establecido como uno de sus objetivos clave la eliminación de las subvenciones a los combustibles para el año 2027. Esta medida busca abordar el significativo déficit fiscal que enfrenta el país.

La administración de Rodrigo Paz ha calificado esta estrategia como parte de "medidas decisivas de política" y "reformas estructurales" que son esenciales para respaldar el acuerdo con el FMI, orientado a restaurar la estabilidad externa, asegurar una sostenibilidad fiscal y de deuda duradera, así como a fomentar un crecimiento económico robusto e inclusivo.

En el punto 13 del documento que obtuvo la red UNITEL, se menciona específicamente el compromiso de eliminar las subvenciones a los combustibles en 2027, en consonancia con los Decretos Supremos 5516 y 5652. El Gobierno se ha comprometido a incrementar los gastos en asistencia social durante este proceso.

El Órgano Ejecutivo ha indicado que el presupuesto para 2027 no contemplará asignaciones para subsidios a combustibles, ya sea por parte del Tesoro o de empresas estatales. A partir de enero de 2027, se espera que los precios de los combustibles reflejen los costos reales de producción, según lo estipulado en el DS 5652.

Actualmente, el precio de la gasolina se sitúa en Bs 6,96, mientras que el diésel tiene un costo de Bs 8,78. Un reciente decreto estableció un nuevo régimen para el diésel de grandes consumidores, que inicialmente se fijó en Bs 18, pero fue reducido a Bs 16,50 la semana pasada. Estas cifras no se alinean con los precios internacionales.

"Es subvención o futuro", declaró el presidente Rodrigo Paz, subrayando que mantener este subsidio restringe el financiamiento para proyectos de desarrollo regional.

El Gobierno también ha comunicado al FMI que para facilitar esta transición y mantener la credibilidad del proceso, el DS 5652 ha revisado la fórmula de cálculo de precios, considerando un tipo de cambio flexible y otros costos relevantes.

En cuanto a la protección social, se prevé implementar medidas focalizadas para mitigar los efectos que la nueva estructura de precios de los combustibles tendrá sobre los sectores más vulnerables. El Gobierno se ha comprometido a fortalecer el marco institucional de protección social para ofrecer apoyo temporal a grupos prioritarios durante esta transición.