Reducción de subvenciones estatales en el horizonte: el FMI impulsa cambios en el sector energético

El Ejecutivo encabezado por Rodrigo Paz está considerando la posibilidad de eliminar o reducir diversas subvenciones estatales, además del subsidio a los combustibles. Este análisis se realiza en el marco del acuerdo económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se prevé que el sector energético sea uno de los más afectados, lo que podría repercutir directamente en los gastos que asumen tanto los hogares como las empresas.

El acuerdo con el FMI incluye un plan de reducción progresiva de subsidios y del gasto público, con la meta de disminuir el déficit del sector público, considerado uno de los principales desafíos económicos del país. Se plantea un ajuste fiscal que equivaldría a aproximadamente el 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2026 y 2029.

Impacto de la eliminación de subsidios

Uno de los puntos más delicados del acuerdo es el relacionado con los combustibles. Según el memorando, durante el año 2026 se mantendrán los precios internos, pero a partir de enero de 2027 se buscará un ajuste hacia niveles que recuperen los costos, eliminando igualmente los recursos para subvencionarlos del Presupuesto General del Estado para ese año.

Sin embargo, el alcance de este acuerdo no se limita únicamente a la gasolina y el diésel. La hoja de ruta también contempla la eliminación gradual de controles de precios, que abarcan alimentos y energía, así como la racionalización de la inversión pública y la reestructuración de empresas estatales no viables económicamente.

El Gobierno sostiene que estas medidas son parte de un programa de estabilización de las finanzas públicas que se extenderá por 36 meses. El acuerdo con el FMI contempla un financiamiento de alrededor de 1.900 millones de dólares, además de la expectativa de atraer financiamiento adicional de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El temor ahora radica en cómo afectarán estos ajustes a la población. A medida que el Gobierno intenta reducir la carga de las subvenciones en las cuentas públicas, la posible eliminación o disminución de estos mecanismos podría trasladar una mayor parte de los costos reales de servicios, como la energía, a los consumidores y empresas bolivianas.

Así, el acuerdo con el FMI no solo implica cambios en el subsidio a los combustibles, sino que abre un nuevo capítulo de ajustes que podría impactar directamente en la economía de los bolivianos.