El Gobierno cuestiona el uso de Bs 470 millones en sistemas de YPFB sin resultados efectivos

La administración gubernamental ha denunciado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años en la implementación de "búnkers digitales", que no han logrado establecer un sistema eficiente para garantizar la trazabilidad del combustible ni para frenar irregularidades en su asignación y despacho.

Este informe fue presentado por el viceministro de Transparencia, Yamil García, durante la intervención que el Gobierno está realizando en la YPFB. García subrayó que las fallas en la distribución del combustible son indicativas de que la tecnología utilizada por YPFB no ofrecía las alertas necesarias para detectar inconsistencias.

Irregularidades detectadas en la gestión

Entre las anomalías reveladas se encuentran la venta irregular y anticipada de combustible, la facturación anticipada de millones de litros que aún no han llegado al país, así como la asignación arbitraria de despachos a ciertos compradores y proveedores. García también mencionó que se han detectado modificaciones posteriores en las tablas de control, y que algunos usuarios externos habrían influido en la asignación de despachos.

Además, se advirtió que ciertas modificaciones en los registros se realizaban de forma retroactiva, lo que podría haber beneficiado a contrabandistas y facilitado el desvío de combustible. García hizo hincapié en la gravedad de estas prácticas, que ponen en cuestión la integridad del sistema.

El viceministro anunció que se llevarán a cabo investigaciones en dos frentes: primero, se indagará sobre los usuarios, operadores, funcionarios y despachantes involucrados en estas operaciones irregulares, con la intención de abrir procesos penales; segundo, se buscará identificar a aquellos que permitieron que los usuarios continuaran utilizando sistemas vulnerables.

García también informó que se han identificado más de 300 usuarios que interactuaban con los sistemas y que sus accesos han sido bloqueados. Sin embargo, aclaró que esto es solo una medida correctiva y que aún se indaga quiénes permitieron que esas interacciones se llevaran a cabo.

Para llevar a cabo esta investigación, el Gobierno ha solicitado la colaboración de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), con el fin de implementar una intervención técnica que ayude a identificar a los responsables de mantener activos esos accesos y entender la naturaleza de las interacciones detectadas.