Del Castillo critica la posible extensión del estado de excepción en Bolivia

Eduardo Del Castillo, quien ocupó el cargo de ministro de Gobierno, expresó su desacuerdo con la propuesta de ampliar el estado de excepción vigente en Bolivia por otros 90 días. En sus declaraciones, instó al Gobierno de Rodrigo Paz a dejar atrás la improvisación y cuestionó la utilidad de tal medida, preguntando retóricamente: “¿Para qué quieren ampliar el estado de excepción? ¿Por un tema decorativo?”.

Esta crítica de Del Castillo surge en un contexto en el que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ha dado luz verde a un proyecto que sugiere la extensión del estado de excepción. Ahora, el texto debe ser evaluado por el pleno de Diputados, y en caso de ser aprobado, se enviaría a la Vicepresidencia para su consideración en la Asamblea Legislativa.

El estado de excepción fue instaurado el 20 de junio, en respuesta a más de 50 días de bloqueos y conflictos sociales que afectaron el suministro de alimentos y combustibles en el país. Esta medida, que tiene una duración inicial de 90 días, está programada para finalizar el 18 de septiembre. Los sectores oficialistas argumentan que aún persisten riesgos de movilización que podrían perturbar la estabilidad en Bolivia.

Reformas constitucionales en juego.

La postura de Del Castillo se alinea con otros cuestionamientos dentro del ámbito político. Jorge Quiroga, expresidente y líder del partido Libre, ha señalado que una ampliación del estado de excepción podría atrasar el debate sobre la reforma constitucional, dado que la normativa vigente impide iniciar modificaciones mientras esta medida esté activa.

El exministro ha intensificado sus críticas hacia la gestión de Paz, señalando problemas como la escasez de combustible, el aumento de la inflación y casos de corrupción. En agosto, ya había instado a la administración del Presidente a considerar la opción de “dar un paso al costado”.

Por el momento, la ampliación del estado de excepción aún no ha sido ratificada, y tanto el Gobierno como la Asamblea deberán argumentar si la continuidad de esta medida es una respuesta necesaria para la seguridad y estabilidad del país, o si, como sostiene Del Castillo, se convertirá en un simple trámite sin efectividad.