Preocupación por la posible reducción de guardaparques en áreas protegidas de Bolivia
por Gonzalo Balderrama
14 de septiembre de 2026
La reciente situación que afecta a 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha suscitado serias preocupaciones entre diversas organizaciones dedicadas a la conservación ambiental. Estos trabajadores han recibido una instrucción que implica poner sus cargos a disposición, lo que ha sido calificado por muchos como un "despido encubierto" y podría comprometer la protección de varias áreas naturales del país.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha manifestado su rechazo ante esta medida, advirtiendo que una disminución en el número de guardaparques podría tener graves consecuencias para la vigilancia en los parques nacionales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha notificado al ministro correspondiente sobre esta problemática y una diputada ha prometido llevar el tema al ámbito de la Asamblea Legislativa.
Las acusaciones que circulan en redes sociales indican que los guardaparques trabajan en condiciones desfavorables y que su despido facilitaría actividades ilícitas como la caza furtiva, quemas no controladas y la explotación ilegal de recursos naturales. Sin embargo, no se ha presentado evidencia concreta que respalde la afirmación de que el Gobierno busca despedir a estos trabajadores para permitir tales actividades, por lo que estas acusaciones deben ser consideradas con cautela.
Desde el Gobierno se ha asegurado que no habrá despidos de guardaparques, afirmando que la instrucción se extiende a aproximadamente 1.200 funcionarios y que consiste en poner sus cargos a disposición con el fin de evaluar su continuidad. Esta explicación oficial contrasta con las preocupaciones expresadas por los trabajadores y las organizaciones que consideran que esta medida podría culminar en despidos efectivos.
Los guardaparques han señalado que cualquier reducción en su número podría hacer que las áreas protegidas sean más vulnerables ante la presión ejercida por cazadores ilegales, traficantes y quienes buscan explotar los recursos naturales. Por lo tanto, la situación actual demanda un análisis profundo y urgente para garantizar la conservación del patrimonio natural boliviano.
