La falta de legislación sobre datos personales en Bolivia

En la actualidad, muchos bolivianos entregan su información personal sin cuestionarlo, como sucede al compartir su número de teléfono para recibir avisos de pedidos o al proporcionar documentos para activar servicios. Sin embargo, pocas veces se plantean preguntas fundamentales sobre quién guarda esos datos, por cuánto tiempo y a quién pueden ser transferidos.

Ante la falta de regulaciones, muchos optan por proteger lo que pueden: sus dispositivos y conexiones. El uso de redes privadas virtuales (VPN) se ha vuelto común, ya que estas herramientas cifran el tráfico de información entre el dispositivo y un servidor, ocultando la dirección IP del usuario. Sin embargo, esto solo asegura el trayecto de los datos y no su destino, lo que en Bolivia representa un gran problema.

En el país, todavía no existe una ley general que regule la protección de datos personales. No se trata de que haya normas que se incumplan, sino de que no hay una legislación que defina claramente qué se considera un dato personal, su manejo y las sanciones por su uso indebido. Hasta ahora, solo hay dos anteproyectos en discusión, uno de ellos propuesto por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y el otro por la Fundación InternetBolivia.org.

La falta de un marco legal pone a los ciudadanos en una situación de desprotección. Si una empresa filtra información, o si una institución pública comparte datos sin consentimiento, no hay una autoridad que pueda intervenir o sancionar estas irregularidades. Aunque la Constitución boliviana menciona la protección de la privacidad, el recurso es individual y requiere procesos judiciales, lo que no resuelve la falta de supervisión general.

La situación se vuelve más crítica a medida que la vida cotidiana se digitaliza. Por ejemplo, los pagos con códigos QR se han vuelto comunes, incluso en mercados, y programas sociales como el Bono Juancito Pinto están adoptando métodos de pago a través de aplicaciones móviles. Cada transacción genera un rastro de información: identidad, hábitos de compra y más, dejando a los ciudadanos sin control sobre lo que sucede con esos datos.

Es crucial entender que el cifrado de datos protege la información en tránsito, pero no lo que sucede una vez que llega a su receptor. Existen medidas que los ciudadanos pueden implementar para proteger su información personal, como ser más cautelosos al proporcionar datos, revisar los permisos de las aplicaciones en sus dispositivos y utilizar diferentes correos electrónicos para distintas actividades.

La situación actual no es un simple problema técnico, sino una decisión política que aún está pendiente. Es fundamental que la protección de datos se convierta en un tema prioritario en el debate público, de modo que se pueda avanzar hacia una regulación efectiva que garantice la privacidad de todos los bolivianos.