Confusión en la sucesión presidencial: Mariaca apoya a Ávila

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, declaró este miércoles que considera al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, como el "presidente constitucional" de Bolivia, durante la ausencia del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara. Esta afirmación reaviva la discusión sobre la sucesión presidencial en el país y el alcance del Decreto Supremo 5515.

Durante una ceremonia con motivo del 216 aniversario de la independencia de Santa Cruz, Mariaca se dirigió a Ávila como "presidente constitucional el día de hoy en Bolivia". Aseguró que, dada la ausencia de ambos mandatarios, corresponde que el presidente del Senado asuma el cargo.

Esta situación ocurre mientras el presidente Paz se encuentra en Estados Unidos asistiendo a la Asamblea General de la ONU y el vicepresidente Lara está en Paraguay en una misión oficial. De acuerdo con el artículo 169 de la Constitución, en caso de ausencia temporal, el vicepresidente debe asumir la presidencia, pero, al estar también ausente, la responsabilidad recae en Ávila.

La controversia surge especialmente porque el Gobierno sostiene que Rodrigo Paz puede seguir ejerciendo sus funciones desde el extranjero a través de medios digitales, conforme al Decreto Supremo 5515, que permite al presidente ejercer sus atribuciones desde fuera del país bajo ciertas condiciones. Este decreto fue promulgado el 29 de diciembre de 2025.

El presidente Paz ya ha realizado reuniones virtuales desde Nueva York, lo que alimenta el debate sobre quién debe ejercer la presidencia en su ausencia. El artículo 169 estipula que, en caso de impedimento del presidente, la sucesión es primero para el vicepresidente, luego para el presidente del Senado y, si este también está ausente, al presidente de la Cámara de Diputados.

Actualmente, la discusión se centra en dos posiciones: una que apoya la sucesión presidencial tal como está prevista en la Constitución y otra que defiende la vigencia del Decreto Supremo 5515, que faculta al presidente para actuar a distancia. Mientras el Gobierno respalda esta última interpretación, tanto Lara como Mariaca enfatizan la necesidad de aplicar la línea sucesoria constitucional.