Desaguadero, un paso fronterizo en crisis por la falta de atención

Actualmente, cruzar legalmente el paso fronterizo de Desaguadero se ha convertido en una experiencia agotadora para los viajeros, quienes deben formar filas que pueden durar más de tres horas bajo las difíciles condiciones climáticas del altiplano. Mientras que en Perú el proceso es ágil y gratuito, en el lado boliviano la situación es alarmante, con oficinas de la Dirección General de Migración desbordadas y con un número muy limitado de funcionarios para atender a una creciente demanda.

Los usuarios han expresado su descontento, señalando que en momentos de alta afluencia, solo hay dos empleados atendiendo: uno con cargo fijo y un auxiliar. Esta falta de personal resulta evidente ante la gran cantidad de personas que atraviesan este punto, que puede llegar a recibir entre 1.500 y 3.000 individuos en días normales, y que se duplica en fechas especiales.

A pesar de las solicitudes de información realizadas por este medio a Eddy Alfredo Ordóñez Caba, director de Migración, no se ha recibido respuesta sobre las condiciones laborales ni los planes de mejora para el próximo año. Los datos presupuestarios de la gestión 2026 revelan que la asignación de recursos es profundamente desigual, con solo el 7,3% de un total de 94.650.316 bolivianos destinados a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos, la cual es responsable de brindar la atención necesaria en las fronteras.

Esta escasez de financiamiento en los puntos de control fronterizo plantea serias dificultades operativas y ha llevado a muchos a optar por vías informales para evitar las largas esperas. A tan solo unos metros del puente oficial, miles de personas cruzan el río Desaguadero sin control, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad y la regulación del tránsito.

La Defensoría del Pueblo ha identificado seis puntos críticos en las fronteras bolivianas, destacando a Desaguadero y Pisiga por sus prolongadas demoras y falta de recursos. Las limitaciones en la atención, especialmente hacia grupos vulnerables, propician el uso de rutas clandestinas y, además, afectan el potencial turístico del país, ya que los visitantes, frustrados por la espera, buscan alternativas en otros destinos.