Bolivia aguarda la llegada de financiamiento del FMI
por Gonzalo Balderrama
28 de septiembre de 2026
El gobierno boliviano, tras levantar la subvención al diésel y aprobar un plan de reformas en conjunto con el FMI, se encuentra a la espera de los primeros desembolsos que permitirán la implementación de su estrategia de estabilización económica. En solo una semana, el Ejecutivo extendió el Estado de Excepción durante 90 días, promulgó la ley de financiamiento y eliminó la subvención del combustible, lo que marca un cambio significativo en su política económica.
El presidente Rodrigo Paz Pereira realizó un viaje a Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU y sostuvo reuniones bilaterales con el fin de acelerar la aprobación de un préstamo de 1.900 millones de dólares del FMI. Según el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, los primeros desembolsos podrían llegar en aproximadamente dos semanas, lo que será crucial para evaluar el impacto de la agenda internacional en el financiamiento del país.
Más que solo el FMI: un paquete de financiamiento ampliado
El gobierno boliviano no se limita al financiamiento del FMI. Durante su estancia en Nueva York, el presidente mencionó que las gestiones con diferentes organismos multilaterales podrían resultar en un paquete total de deuda pública de hasta 10.000 millones de dólares. Este monto incluye 4.500 millones de dólares de la CAF y otros 4.000 millones del BID, además de recursos negociados con el Banco Mundial, que serán destinados principalmente a proyectos de infraestructura y producción.
Mientras se buscan estos fondos, la población ya está experimentando el impacto de una de las medidas más sensibles: la eliminación de la subvención al diésel. El nuevo precio establecido es de 17,95 bolivianos por litro, un aumento considerable desde los 9,80 anteriores. Esto ha generado una crisis en sectores como el transporte y el comercio, donde se reporta una caída en las ventas y un aumento en los costos operativos.
El programa del FMI, con una duración de 36 meses, tiene como meta reconstruir las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades fiscales y fortalecer el sistema financiero. Sin embargo, la reducción del déficit fiscal y el ajuste en el gasto implican riesgos, como despidos y recortes en la obra pública. La política cambiaria también forma parte del proceso, buscando un régimen más flexible para mantener la confianza en la economía nacional.
Bolivia enfrenta ahora el desafío de convertir el financiamiento externo en inversión efectiva y empleo, sin que esto signifique solo cubrir las necesidades fiscales urgentes. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha señalado la importancia de las reformas para atraer inversiones y proteger a los sectores más vulnerables, mientras el éxito del programa dependerá de la capacidad del gobierno para generar actividad económica que compense los costos sociales de las reformas implementadas.
