Yarhui solicita que se prosigan las indagaciones sobre Cerimedo, las 32 maletas y el oro incautado

La senadora del MAS, Tomasa Yarhui, expresó su deseo de que las indagaciones sobre Fernando Cerimedo, las 32 maletas que ingresaron por el aeropuerto Viru Viru y el cargamento de 189 kilos de oro no se detengan. Esto ocurre en un contexto en el que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros representantes del sistema judicial han sido acusados por Estados Unidos.

Yarhui propuso la creación de una comisión especial que combine esfuerzos de la Asamblea Legislativa, conformada por senadores y diputados, para abordar las acusaciones que llevaron a la anulación de visas de Mariaca y otros funcionarios. Asimismo, sugirió que los implicados en las acusaciones se aparten temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.

Estado de las investigaciones

Las investigaciones relacionadas con las 32 maletas aún no han logrado determinar su contenido, origen y destino, según el Ministerio Público. Hasta la fecha, se han recuperado cuatro de las valijas, mientras que la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, quienes son los principales investigados, se encuentran bajo arresto domiciliario.

En relación al cargamento de oro incautado en Viru Viru, que consiste en 77 lingotes con un peso total de 189,5 kilos y un valor estimado en más de 20 millones de dólares, el único detenido en un inicio, Adrián Lema Roca, ha recuperado su libertad. La investigación sobre el origen y la propiedad de este cargamento sigue su curso.

Acerca de Fernando Cerimedo, la Fiscalía amplió en septiembre las indagaciones por enriquecimiento ilícito, incorporando también delitos como la legitimación de ganancias ilícitas y la usurpación de funciones. Cerimedo ha sido llamado a declarar en calidad de sindicado dentro de esta indagación.

Las propuestas de Yarhui surgen en medio del debate legislativo que se ha intensificado a raíz de las acusaciones formuladas por Estados Unidos. Se prevé que la Asamblea Legislativa se reúna el 5 de octubre para discutir la situación de las autoridades judiciales mencionadas por el gobierno estadounidense.