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Política

La sucesión en el Ministerio Público tras la detención de Mariaca

por Efraín Villarroel

1 de octubre de 2026


La detención del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ha puesto en una situación sin precedentes al Ministerio Público en Bolivia, lo que ha llevado a especulaciones sobre quién debería asumir su lugar de manera interina. Dos abogados consultados por el diario Correo del Sur aportan su mirada sobre este complejo escenario.

Según el Artículo 25° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la suplencia del Fiscal General se da en caso de impedimentos temporales como viaje o enfermedad, y en ausencia definitiva, por destitución o renuncia, debe ser sustituido por el Fiscal Departamental o Superior correspondiente según un orden de prelación.

El orden de prelación establece que la designación se basa en la antigüedad en el cargo, así como en el tiempo de servicio en el Ministerio Público o en la abogacía. Sin embargo, el caso de Mariaca no encaja en estas categorías, lo que ha generado confusión sobre la validez de la presentación de Luis Montaño como posible reemplazo, la cual fue rápidamente desacreditada por el Gobierno.

Hasta el momento, no se ha presentado ninguna justificación formal para la sustitución de Mariaca, lo que ha llevado a expertos como el abogado Jaime Hurtado a señalar que la documentación necesaria para tal efecto debería ser remitida al Órgano Legislativo, aunque no se tiene información de que esto haya ocurrido.

Arturo Yáñez, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, y Ariel Coronado, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, han expresado su preocupación por la falta de institucionalidad en la Fiscalía. Ambos coinciden en que la reciente designación de fiscales departamentales por parte de Mariaca sin un proceso de convocatoria pública es un signo negativo para la justicia en el país.

Esta situación, según Coronado, es insostenible, ya que más de diez años han pasado sin que se elijan fiscales departamentales mediante un proceso transparente. Yáñez, por su parte, advirtió que estamos ante un alarmante grado de desinstitucionalización del Ministerio Público.

A lo largo de los últimos años, el Fiscal Departamental de Chuquisaca ha asumido el cargo en ausencia del Fiscal General, pero nunca se había dado un escenario tan crítico como el actual. La situación actual invita a reflexionar sobre el futuro del sistema de justicia boliviano y la urgencia de recuperar su institucionalidad.


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