Rodrigo Paz promulga ley para suspender al Fiscal General
por Efraín Villarroel
2 de octubre de 2026

Este viernes, el presidente Rodrigo Paz llevó a cabo la promulgación de la Ley 1773/2026, que modifica el artículo 25 de la Ley 260. Esta nueva legislación establece un proceso que permite a la Asamblea Legislativa suspender permanentemente al Fiscal General y designar a un funcionario interino, siguiendo las condiciones que estipula la norma.
Durante el evento de promulgación, Paz destacó la importancia de esta medida al afirmar que "son decisiones que cambian el Estado" y que son esenciales para construir una Bolivia más justa. La ley requiere que se logre el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes para proceder con la suspensión del Fiscal General.
El mecanismo establecido por la ley permite que en la misma sesión en la que se vote la suspensión, la Asamblea también designe a un Fiscal General interino, quien ocupará el cargo hasta la elección de un titular, conforme lo establece el artículo 227 de la Constitución boliviana.
La iniciativa fue aprobada por más de dos tercios en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, con la urgencia de una convocatoria inmediata y la dispensación de trámites para acelerar su tratamiento. También se ajustó en el Senado el término "delitos graves" por "delitos sancionables con privación de libertad".
Paz relacionó esta reforma con la investigación en curso que involucra a Mariaca, señalando que lo acontecido en los últimos días es producto de un "esfuerzo de investigación y trabajo silencioso y minucioso". El presidente reafirmó que "esta es la patria que decide", subrayando la necesidad de que las instituciones actúen frente al crimen organizado.
Roberto Castro, presidente de la Cámara de Diputados, calificó la aprobación de la ley como un "acto de conciencia nacional", afirmando que representa un avance significativo en la transformación del sistema de justicia en el país. Por su parte, Diego Ávila, presidente del Senado, también destacó que esta modificación marca el inicio de un proceso de reforma judicial con la voluntad de avanzar decididamente en esta dirección.
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