Cristina Fernández presenta reclamo ante la ONU por condena judicial en Argentina

Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y que actualmente cumple prisión domiciliaria, anunció el miércoles que ha elevado una reclamación al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta acción surge tras su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras públicas.

Desde su hogar en Buenos Aires, donde se encuentra recluida desde el 17 de junio de 2025, la exmandataria expuso en una carta abierta difundida a través de sus redes sociales que la decisión de acudir a la ONU se fundamenta en la supuesta violación de sus derechos durante el proceso judicial, en contraposición a lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Mi decisión es impulsada por la firme creencia de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un avance crucial para la protección de las personas en momentos en que los mecanismos internos en un país no logran salvaguardarles de abusos de poder”, expresó Fernández en su carta.

Fernández calificó su inhabilitación como una forma de “proscripción”, argumentando que este mecanismo representa una de las maneras más sutiles de erosión democrática de la actualidad. Afirmó que, aunque no hay manifestaciones de violencia física como tanques en las calles, las decisiones judiciales están reemplazando el espacio de la soberanía popular en la política argentina.

A su vez, la ex presidenta señaló que su situación está relacionada con una persecución de género y mencionó un “machismo estructural” presente en ciertas instancias del sistema judicial argentino.

Además, en los últimos días, publicó un artículo en medios internacionales como El País (España), Libération (Francia) y Folha de S.Paulo (Brasil), donde reafirmó su inocencia, denunció la persecución judicial en su contra y comunicó su acción ante la ONU.

Para este miércoles está programada una conferencia de prensa con sus abogados, Javier Borrego y Rafael Valim, quienes ofrecerán detalles sobre la estrategia legal a seguir en el marco del reclamo ante las Naciones Unidas.

La causa 'Vialidad', que dio lugar a su condena, se centró en presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante los mandatos de Néstor Kirchner y de la propia Cristina Fernández. El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 emitió la sentencia, la cual fue confirmada el 10 de junio de 2025 por la Corte Suprema tras rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa.