En la redacción de un medio informativo, es común detenerse a reflexionar sobre el significado de palabras que surgen con frecuencia en los discursos de autoridades y expertos, como "superávit" o "asfixia fiscal". Aunque estas son utilizadas con normalidad, a menudo es necesario investigar y desmenuzar su significado para poder transmitirlo de manera clara, dado que detrás de ellas hay decisiones que tienen repercusiones directas en la vida de las personas.
El sociólogo Anthony Giddens señala que nuestras comunidades dependen de sistemas complejos que no siempre comprendemos. Las decisiones cotidianas se basan en conocimientos especializados en los que depositamos confianza, pero que no siempre son accesibles. En este sentido, el Estado también utiliza un lenguaje técnico que se vuelve difícil de digerir para quienes no están familiarizados con él.
Desde una perspectiva periodística, he aprendido que informar va más allá de repetir lo que dicen las autoridades. Un término técnico puede parecer ajeno hasta que se comprende su impacto en la vida diaria. Así, el reto consiste en elegir las palabras adecuadas y, más importante aún, en formular las preguntas correctas.
En medio de la labor informativa, surge una cuestión fundamental sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos: ¿qué sucede cuando el esfuerzo necesario para informarse resulta mayor que el tiempo que estamos dispuestos a invertir? Anthony Downs aporta a esta reflexión con su concepto de ignorancia racional, que señala que informarse conlleva un costo en términos de tiempo y esfuerzo, y que muchos pueden sentir que su influencia en las decisiones políticas es demasiado limitada para justificar tal dedicación.
Sin embargo, esto no implica que los ciudadanos carezcan de interés en lo que sucede a su alrededor. El verdadero problema aparece cuando la desconexión se convierte en una norma y dejamos de cuestionar cómo se toman las decisiones que afectan nuestras vidas. En una sociedad donde pocos entienden los temas públicos, se corre el riesgo de perder la capacidad de cuestionar y exigir respuestas.
No es necesario leer cada documento oficial ni entender a la perfección todos los términos económicos. Lo importante es mantenerse curioso y no rendirse ante la confusión. Hay una gran diferencia entre no saber algo y pensar que no vale la pena adquirir ese conocimiento.
En la actualidad, la información llega a nosotros con una rapidez abrumadora, ya sea a través de titulares o resúmenes breves en plataformas como TikTok. Si bien esto facilita el acercamiento a ciertos temas, muchas veces la comprensión queda incompleta, especialmente cuando compartimos información sin verificar o descartamos aquellas que requieren mayor atención.
Por lo tanto, traducir el lenguaje del Estado implica más que simplificar su terminología; se trata de conectar las decisiones públicas con las experiencias cotidianas sin sacrificar la precisión. Las instituciones deben ser responsables en la claridad de sus decisiones, y quienes hacemos periodismo tenemos la obligación de entender antes de comunicar, facilitando así la comprensión sin perder el rigor. Una ciudadanía que pregunta y analiza es esencial para evitar que los asuntos públicos queden reservados a un selecto grupo que entiende su lenguaje.
Reconocer que no entendemos es totalmente válido, pero resulta peligroso conformarse con esa falta de comprensión sin buscar más información.
Existen conceptos y temas que ameritan un estudio más profundo. Comprender lo público no debería ser un privilegio ni una tarea exclusiva de los expertos.
