Gobierno alerta sobre desvíos de garrafas de GLP por parte de mafias
por Milton Terrazas
22 de octubre de 2026
Las autoridades bolivianas han identificado un nuevo fenómeno delictivo relacionado con el contrabando de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que ahora involucra desvíos de garrafas. Según el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, esta problemática está vinculada a las elevadas diferencias de precios entre Bolivia y Perú, donde una garrafa de GLP se comercializa por más de Bs 100, en contraste con el precio de Bs 22,50 en el país.
Justiniano, junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, expuso que las mafias que solían desviar diésel y gasolina ahora se han enfocado en el gas de cocina, lo que ha complicado el acceso de las familias bolivianas a este recurso esencial. Para contrarrestar esta situación, los camiones de distribución están siendo escoltados por policías, especialmente en áreas críticas como La Paz y El Alto.
Operativos y decomisos de garrafas
El ministro Blanco proporcionó detalles sobre el funcionamiento de estas mafias, explicando que las garrafas son despachadas con un destino específico pero no llegan a su destino original. En este contexto, se ha denunciado la complicidad de algunos funcionarios de la cadena de distribución. Por ejemplo, en Sucre se detectó la participación de empleados de YPFB y de la ANH, lo que llevó a la destitución de ciertos funcionarios.
Hasta ahora, los operativos realizados han resultado en el decomiso de 659 garrafas, de las cuales 223 fueron incautadas en la Terminal Interdepartamental de El Alto. Justiniano también subrayó la importancia de estos controles para evitar que el GLP termine en mercados ilegales y rechazó rumores sobre un posible aumento en su precio.
No obstante, el Gobierno admitió que también ha habido dificultades en el suministro de GLP. El ministro Blanco reconoció que la semana pasada se registró una reducción en la entrega a los distribuidores, pero aseguró que la situación se ha normalizado esta semana. Adicionalmente, la intervención ha llevado a la confiscación de 14.097 litros de gasolina, con un caso notable de 13.000 litros que fueron encontrados acumulados ilegalmente en Sucre.
Las sanciones para los involucrados en estas actividades delictivas oscilarán desde la suspensión temporal hasta la revocación de licencias en caso de reincidencia. Además, el Gobierno ha implementado cambios en los trámites de autorización, logrando 57 aprobaciones en solo 46 días, lo que representa un aumento significativo en comparación con el período anterior.
Para concluir, el Gobierno está considerando recomendaciones de una consultora y de la comisión interventora para reorganizar el ente regulador, a fin de mejorar el control y la distribución del combustible en el país.
