Entre julio y septiembre de 2026, Bolivia contabilizó 109 conflictos sociales y 59 eventos que se quedaron en anunciados, según un informe de la Defensoría del Pueblo. La mayor parte de esta tensión se concentra en la región central del país, particularmente en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
El Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (Simat) detalla que los conflictos son en gran medida consecuencia de la decisión gubernamental de eliminar la subvención al diésel. La Paz lidera con el 22% de los conflictos, seguida por Santa Cruz y Cochabamba, cada uno con un 20%.
Chuquisaca ocupa el cuarto lugar con un 8% de los conflictos, mientras que Potosí y Beni registran un 7%. Los problemas económicos son los más frecuentes, acumulando 45 conflictos, seguidos por 14 relacionados con la gobernabilidad y otros 14 en el ámbito laboral y salarial.
En cuanto a las medidas de presión utilizadas por los ciudadanos, la vigilia se posiciona como la más común, con 33 registros. Los bloqueos son la segunda medida más usada (21), mientras que las marchas y otras formas de protesta como estados de emergencia, paros y enfrentamientos también se han documentado.
"Los conflictos no disminuyeron pese al estado de excepción, debido a las demandas estructurales y económicas que siguen latentes como el acceso a la alimentación y el derecho al empleo. Es urgente fortalecer la democracia deliberativa y reforzar los espacios de diálogo", advirtió el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Este informe subraya la necesidad de abordar las inquietudes sociales de manera efectiva para evitar un aumento en los conflictos, que reflejan la insatisfacción de la población hacia temas económicos y de gobernabilidad.
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