Comienza el juicio por el brutal asesinato en Pucamayo
por Gonzalo Balderrama
15 de septiembre de 2026
El juicio oral por el secuestro, asesinato y posterior calcinamiento de cinco personas se inició este martes en los juzgados de Cochabamba. Este macabro hecho tuvo lugar hace cerca de un año y medio en la zona de Pucamayo, ubicada en la región de Coranipampa.
Ernesto Almaraz Chura, el principal acusado, se encuentra en el banquillo y es el único detenido hasta ahora por este crimen que conmocionó a la población cochabambina. Durante la audiencia inicial, la parte acusadora reveló que Almaraz confesó haber asesinado a las cinco víctimas disparándoles en la cabeza con una escopeta, después de lo cual procedió a incinerar sus cuerpos.
A pesar de su confesión, la defensa de Almaraz intenta invalidar el juicio alegando que sus declaraciones fueron obtenidas bajo presión y coacción de la Policía y de la comunidad de Pucamayo, que supuestamente lo habría forzado a entregarse. Los tres abogados que lo representan se han abstenido de comentar sobre el caso ante la prensa.
El proceso judicial también enfrenta una grave situación de vulnerabilidad. De las cinco familias de las víctimas, solo dos están formalmente representadas, ya que las demás han decidido retirarse o no participar debido a constantes amenazas recibidas que intentan silenciar su voz en el juicio.
"Acabó con la vida de cinco personas y los mató de una manera inhumana. Ni un animal merece morir así", expresó con indignación un representante de las víctimas, quien pidió una condena de 30 años y rechazó cualquier intento por anular el proceso judicial.
El caso expone una problemática más amplia de complicidad y falta de autoridad. Según la acusación y las propias declaraciones de Almaraz, otros cómplices, incluyendo a familiares y comunarios, estarían implicados. Sin embargo, hasta la fecha, nadie de ellos ha sido arrestado ni notificado.
La Policía Boliviana ha encontrado dificultades para investigar el caso en la zona de Coranipampa y Pucamayo, considerada de acceso difícil y con riesgos de ataques contra las fuerzas del orden. Ante esta situación de impunidad, las familias solicitan al Estado que implemente medidas que permitan garantizar la seguridad de los operativos policiales en la región, exigiendo justicia para que este crimen no quede impune.
