Crisis en la construcción: alza de costos y escasez de presupuesto generan desempleo
por Gonzalo Balderrama
21 de octubre de 2026

Eduardo Miranda, presidente de la SIB en Tarija, advirtió que el aumento en los precios de materiales esenciales, como el diésel, ha provocado un incremento de entre el 25% y el 30% en los costos de las obras. A pesar de la existencia de decretos que permiten la actualización de estos costos, su implementación se complica en las instancias gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal.
La falta de recursos adicionales es el principal obstáculo para cubrir estas diferencias, ya que los presupuestos de las instituciones están comprometidos en otros proyectos. Por ejemplo, un módulo educativo que inicialmente se presupuestó en un millón de bolivianos ahora requiere entre 250.000 y 300.000 bolivianos más para poder avanzar.
Las entidades encargadas de ejecutar las obras se encuentran ante la disyuntiva de reducir el alcance de los proyectos o suspender los contratos hasta que se obtenga un presupuesto adicional. Esta situación podría resultar en la entrega de infraestructuras incompletas o en la paralización de trabajos sin certeza de cuándo se reanudarán.
Las empresas constructoras ya están comenzando a despedir temporalmente a ingenieros y obreros debido a esta crisis de financiamiento y la incertidumbre en la ejecución de proyectos. La preocupación es que esta situación podría agravar aún más la crisis laboral en el sector de la construcción.
Miranda también señaló que los procedimientos administrativos para realizar ajustes en los costos son lentos y la normativa actual limita estas modificaciones hasta finales de año, lo que genera más incertidumbre para las empresas y los trabajadores.
Ante este panorama, el sector reclama respuestas rápidas y soluciones presupuestarias que permitan no solo actualizar los costos, sino también evitar la paralización de las obras y proteger los puestos de trabajo.
La preocupación es real, ya que sin la asignación de recursos adicionales y decisiones rápidas, los proyectos podrían quedar inconclusos, afectando tanto a las empresas constructoras como a sus trabajadores.


