Defensoría del Pueblo advierte sobre las consecuencias de eliminar la subvención al diésel

Este domingo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento donde expresa su preocupación por los efectos que la eliminación de la subvención al diésel podría tener en la economía y la sociedad boliviana, en particular para los hogares y sectores que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

El documento subraya la relevancia del diésel como insumo esencial para diversas actividades como el transporte, la producción agropecuaria y el comercio. Por ello, advierte sobre el impacto que su eliminación podría tener en los precios de alimentos, transporte y otros bienes y servicios de primera necesidad.

Si bien la institución reconoce los retos económicos que enfrenta el país y la necesidad de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, también enfatiza que cualquier medida económica debe considerar su efecto en los derechos económicos y sociales de la población, tales como el derecho a la alimentación, el trabajo, la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a implementar medidas de mitigación que sean oportunas, accesibles y transparentes, priorizando la protección de los hogares de menores ingresos y aquellos sectores que puedan resultar más perjudicados.

La institución también propuso establecer un canal de diálogo efectivo con los sectores que se sientan afectados por esta decisión, para evaluar los impactos y considerar propuestas que fomenten un entendimiento mutuo, evitando así un aumento de la conflictividad social.

Además, la Defensoría solicitó la creación de mecanismos permanentes para monitorear precios y el abastecimiento de productos básicos, así como la garantía de acceso claro a las medidas de protección social anunciadas, asegurando que estas lleguen a quienes más lo necesitan.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los sectores sociales y económicos a ejercitar sus derechos de manera pacífica, evitando acciones que puedan agravar la situación de vulnerabilidad y afectar el abastecimiento de servicios esenciales.

"La protección de los derechos humanos y la estabilidad económica deben ser atendidas de manera simultánea. Por ello, es crucial que el Gobierno y la sociedad prioricen el diálogo y la concertación, buscando soluciones que no perjudiquen a los más vulnerables".