Del conflicto al diálogo: desafíos para restaurar la cohesión social

Las secuelas de los bloqueos que se extendieron por más de 50 días entre mayo y junio todavía son palpables en la vida cotidiana de los bolivianos. Estas tensiones no solo provocaron pérdidas económicas, sino que también resultaron en afectaciones en la salud, movilidad y acceso a bienes esenciales, además de 22 muertes certificadas por la Defensoría del Pueblo, de las cuales 19 corresponden a personas que no estaban involucradas en las protestas.

La crisis ha evidenciado una economía debilitada y un aumento en la pobreza, con el 44,7% de la población en situación de pobreza por ingresos y un 16,7% en pobreza extrema, según la Encuesta de Hogares 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta realidad ha dejado a muchos hogares con escasa capacidad para enfrentar nuevos retos económicos.

Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, subraya que, aunque muchas personas no están por debajo de la línea de pobreza, su vulnerabilidad es evidente y pueden verse afectadas por el aumento de precios, el desempleo o emergencias familiares. La clase media, en particular, enfrenta desafíos significativos que la colocan en una posición precaria.

El incremento en el costo de vida es notorio. Núñez destaca que los ingresos necesarios para cubrir necesidades básicas son diferentes en áreas urbanas y rurales, y el aumento de los precios limita el margen financiero de las familias para destinar recursos a salud, educación y transporte.

La situación laboral juvenil y la migración

La precariedad laboral también afecta a los jóvenes, quienes enfrentan grandes dificultades. Gabriela Ugarte, experta en mediación, enfatiza la importancia de incluir a las nuevas generaciones en los procesos de toma de decisiones. Un dato relevante es que, en el primer semestre de 2026, Chile otorgó 84.717 permisos laborales a bolivianos, lo que representa un 70% del total de permisos emitidos a extranjeros, evidenciando la búsqueda de oportunidades fuera del país.

Núñez indica que las repercusiones de la crisis no se limitan al desempleo. "No se trata solo de los 200.000 empleos perdidos, sino también de la quiebra de numerosos emprendimientos y economías familiares", sostiene, destacando la erosión del tejido económico local.

Frente a este panorama, se hace necesario fortalecer la producción local, especialmente para los pequeños productores que compiten con productos importados a precios más bajos. Núñez argumenta que mejorar la capacidad productiva es esencial para mitigar la inflación y aliviar la pobreza.

Ugarte propone un enfoque estructurado para el diálogo, sugiriendo que este no debe ser improvisado ni limitarse a reuniones en momentos de crisis. El diálogo efectivo debe tener como base la convicción, la conexión, las condiciones y la capacitación de los participantes.

La reconstrucción de la confianza es fundamental. Ugarte enfatiza que es crucial no solo abordar las necesidades inmediatas, sino también proyectar un futuro donde las decisiones se tomen considerando las consecuencias a largo plazo. Esto incluye escuchar a las nuevas generaciones que serán las más afectadas por las decisiones actuales.

Finalmente, es esencial incluir a diversos actores en los procesos de diálogo. Ugarte señala que no se puede limitar la negociación a solo aquellos involucrados en el conflicto, ya que las decisiones impactan en un espectro más amplio de la sociedad. La inclusión efectiva requerirá reconocer las diferencias de poder y generar un ambiente propicio para una conversación genuina.