Disminución alarmante en la producción de combustibles en Bolivia

Hace diez años, Bolivia era capaz de satisfacer el 55% de su demanda de diésel y el 88% de su necesidad de gasolina. Sin embargo, en la actualidad, la producción ha caído a solo el 5% del diésel y un 40% de la gasolina requerida, una tendencia que continua decreciendo debido a la escasez de inversiones en el sector energético, crucial para la economía del país.

Uno de los factores que ha contribuido a esta crisis es el aumento en el número de vehículos en circulación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el parque automotor creció de aproximadamente 444 mil vehículos en 2020 a cerca de 3 millones en 2025. Este incremento ha puesto presión sobre la demanda de energía.

La maquinaria pesada, que tradicionalmente consume diésel, también ha proliferado. En 2003, su presencia era mínima, pero para el año pasado, ya se registraban más de 208 unidades. En cuanto a los camiones, la cifra ascendió de casi 30 mil a 117 mil en un periodo similar.

El crecimiento del país ha traído consigo una mayor demanda de energía, pero no ha habido un aumento proporcional en la producción de combustibles. La situación ha llevado a un incremento en la importación de estos productos. Un informe de la Fundación Jubileo indica que, ya en 2020, el país había comenzado a importar el 58% de su diésel y el 30% de su gasolina en 2021.

Además, la política de subsidios a los combustibles ha contribuido a la crisis. Desde 2005, el congelamiento de precios, implementado tras el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, ha drenado las finanzas estatales. A pesar de los intentos del gobierno de Evo Morales por terminar con el subsidio en 2010, la resistencia social obligó a mantener la medida, que se extendió hasta finales de 2025.

El actual gobierno de Rodrigo Paz levantó parcialmente la subvención, aumentando el precio del diésel a 18 bolivianos para los grandes consumidores. Esta acción ha provocado la indignación de diversos sectores productivos y amenazas de movilización para revertir la medida, que el gobierno justifica como necesaria para estabilizar el mercado y reducir el contrabando.