Economista advierte que nueva Ley de Inversiones podría afectar regulación estatal

El economista Martín Moreira, integrante de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, este proyecto podría tener implicaciones negativas debido a sus mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos fiscales y arbitraje internacional.

Moreira enfatiza la importancia de atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, como una estrategia para revitalizar el crecimiento económico, generar empleos, incorporar nuevas tecnologías y mitigar la escasez de divisas. Sin embargo, también subraya que estas inversiones deben estar acompañadas de compromisos claros que aseguren que una porción significativa de los beneficios generados permanezca en el país.

El proyecto de ley, que consta de 103 artículos, podría establecer garantías amplias para los inversionistas antes de definir nuevas normativas para sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Moreira advierte que este enfoque podría limitar la capacidad del Estado para negociar en actividades que son consideradas estratégicas para el país.

El economista también plantea preocupaciones sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional. A su juicio, las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado para ajustar políticas fiscales, ambientales o regulatorias de acuerdo a las necesidades emergentes.

En relación a los incentivos fiscales, Moreira sugiere que es fundamental analizar el impacto en los ingresos del Estado y los beneficios tangibles que se recibirían a cambio, particularmente en términos de generación de empleo, transferencia de tecnología, incremento de exportaciones y desarrollo productivo.

Finalmente, Moreira concluye que la Ley de Inversiones debería enfocarse en proyectos que no solo generen empleo formal y tecnología, sino que también fomenten la participación de proveedores locales y la creación de valor agregado, asegurando al mismo tiempo la protección de los recursos naturales y evitando que la atracción de capital conduzca a una rápida transferencia de activos públicos.