El 70% de los emprendimientos en Bolivia no logran sobrevivir

Bolivia se caracteriza por una economía emergente donde casi el 90% de la población laboral trabaja en la informalidad. Esta situación ha llevado a muchas personas a iniciar sus propios negocios, abarcando desde innovaciones tecnológicas hasta la venta de alimentos. Sin embargo, se ha revelado que de cada diez emprendimientos que se inician, siete no logran mantenerse en el mercado.

La diputada Andrea Ballivián ha señalado que emprender en Bolivia es un desafío solitario. Para abordar esta problemática, presentó un proyecto de ley que busca integrar formalmente a los emprendedores. Para ello, ha recorrido diversas regiones del país, escuchando a quienes se aventuran a crear sus propios negocios.

Según el Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES), la informalidad en Bolivia alcanza un alarmante 78.5%, lo que implica que casi ocho de cada diez unidades económicas operan fuera de la regulación estatal. Este contexto dificulta el acceso a financiamiento y asistencia técnica, elementos cruciales para el crecimiento de estos emprendimientos. El estudio también destaca que de la población de emprendedores informales, el 55% son mujeres.

El primer artículo de la propuesta de ley tiene como objetivo establecer un marco legal que proteja y fomente los emprendimientos emergentes. Se pretende crear un entorno que favorezca la innovación y la inclusión económica, ofreciendo incentivos tributarios y administrativos. Además, busca cerrar las brechas económicas, sociales, de género y generacionales, alineándose con el Plan de Desarrollo Económico y Social del país.

Actualmente, las iniciativas para apoyar a los emprendedores provienen en su mayoría del sector privado, y son escasos los municipios que se enfocan en fortalecer esta economía emergente. Por ello, Ballivián sugiere que se articule el trabajo entre diferentes entidades para abordar el problema de manera coordinada.

En cuanto a la carga impositiva, la diputada propone que durante los primeros tres años de funcionamiento, los nuevos emprendimientos no tributen, basado en un informe que elaboraría una nueva Agencia de Emprendedores Emergentes. A partir del tercer año hasta el quinto, se establecería una tasa de tributo del 5%.

Aunque el estudio no estima el impacto económico exacto que tendría esta normativa, se plantea que la informalidad podría reducirse en un 15% al comienzo de su implementación. Ballivián enfatiza que el verdadero reto estará en la reglamentación de la ley, que incluirá un acompañamiento a los emprendedores durante los primeros cinco años, y en caso de no resultar rentables, se cerrará el registro o se permitirá la integración al régimen tributario.