El ministro Sanjinés logra el respaldo de la Asamblea Legislativa

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, enfrentó este lunes una interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre su gestión, resultando en un rechazo a la censura que le habían planteado. Este evento marca la cuarta vez en tres semanas que un ministro se libra de este mecanismo de control legislativo.

De un total de 111 asambleístas presentes, 71 optaron por el Orden del Día Puro y Simple, mientras que solo tres votaron a favor de la censura y 37 se abstuvieron. El presidente nato de la ALP, Edmand Lara, cerró la sesión informando que no hubo censura ni voto de confianza al final de la jornada, que concluyó cerca de las 19:00.

Durante la interpelación, Sanjinés respondió más de 50 preguntas que abordaron diversos aspectos de su gestión, incluyendo la nueva ley educativa. El ministro explicó que la propuesta no busca eliminar puestos de trabajo, sino mejorar la distribución de horas y respetar las normativas, garantizando la continuidad educativa, especialmente en áreas rurales y de alta vulnerabilidad.

Además, Sanjinés destacó que su enfoque incluye fortalecer la conexión entre la educación secundaria, la educación superior y el mercado laboral. Esto se logrará a través del desarrollo de competencias que faciliten la continuidad de los estudios y la integración en el ámbito laboral.

El ministro también reconoció que, a pesar de los avances en infraestructura y conectividad, persisten importantes brechas en áreas como laboratorios, equipamiento tecnológico, bibliotecas, conectividad y recursos pedagógicos especializados.

Al abordar el tema de la violencia sexual en el contexto educativo, Sanjinés reportó que entre 2024 y 2026 se han registrado 298 procesos penales, concentrándose principalmente en las ciudades de Cochabamba y La Paz, muchos de los cuales están relacionados con abusos y violaciones.

Asimismo, el ministro informó sobre denuncias relacionadas con corrupción e irregularidades, que incluyen cobros indebidos, mal uso de recursos y nombramientos ilegales, lo que pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más estricta en el sector educativo.