El rol de Cerimedo en el Gobierno genera controversias

La aclaración emitida por el Gobierno de Rodrigo Paz, en la que se afirma que Fernando Cerimedo no ocupaba un cargo oficial en la administración, ha suscitado diversas dudas debido a su aparente relación con la estructura del Estado. Se han encontrado documentos que indican que Cerimedo es mencionado como "Asesor Principal del Presidente" y también se ha revelado el uso de un correo electrónico institucional, lo que contradice la versión oficial de que su función era solo de asesor externo.

La controversia no se limita al título que figura en su tarjeta, sino que se centra en identificar quién fue responsable de crear y otorgar los medios institucionales que permitieron a Cerimedo comunicarse en nombre del Estado. Aunque un correo institucional no equivale a un nombramiento formal, su existencia genera inquietudes sobre cómo un particular pudo acceder a recursos y servicios estatales, dado que la legislación boliviana establece regulaciones precisas para el uso de bienes públicos.

Además, se plantea una cuestión legal sobre el uso de denominaciones que confieran funciones públicas. La modificación del artículo 163 del Código Penal, realizada por la Ley 1390, tipifica como delito la usurpación de funciones, que incluye a quienes ejercen funciones públicas sin el nombramiento correspondiente. Por lo tanto, si se determina que Cerimedo no tenía nombramiento y, sin embargo, desempeñaba funciones vinculadas al ámbito público o se presentaba como funcionario, sería necesario investigar si su conducta podría ser considerada penalmente relevante.

Un aspecto crucial en esta situación es la responsabilidad de quienes permitieron el acceso de Cerimedo a los recursos institucionales. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tipifica el delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, y establece las responsabilidades correspondientes cuando los bienes estatales son utilizados de manera inapropiada. Asimismo, el Código Penal menciona el incumplimiento de deberes para los servidores públicos que no actúan conforme a sus responsabilidades.

En este sentido, más allá de esclarecer el rol formal de Cerimedo, la pregunta fundamental es quién dentro del gobierno autorizó su acceso a las herramientas del Estado y bajo qué justificación legal se procedió. Este caso pone de relieve la necesidad de una revisión de los protocolos y regulaciones sobre el uso de recursos públicos para evitar situaciones similares en el futuro.