Estudio Critica Nueva Estrategia Económica del Gobierno y su Impacto Real

Un análisis publicado en relación a la eliminación de la subvención del diésel señala que las medidas económicas implementadas por la administración de Rodrigo Paz tendrían una efectividad limitada, alcanzando apenas un 17% en términos de beneficio para los sectores de bajos ingresos. Este cálculo se realizó al asignar porcentajes de impacto a diez diferentes medidas y promediarlas, aunque no representa una evaluación oficial ni un indicador económico reconocido.

Las medidas en cuestión incluyen el Bono Pepe 2, el aumento del Juancito Pinto a 300 bolivianos, la Renta Dignidad que se incrementa a 500 bolivianos, bonos para familias sin aportes, un salario mínimo de 3.300 bolivianos, créditos productivos, un perdonazo tributario, un plan de enlosetado, la liberalización de la importación de diésel y la devolución de depósitos en dólares. La mayoría de estas iniciativas están respaldadas por el Gobierno.

El análisis desglosa la efectividad de cada medida de la siguiente manera: 20% para el Bono Pepe 2, 5% para el Juancito Pinto, 30% para la Renta Dignidad, 15% para bonos a familias sin aportes, 10% para el aumento del salario mínimo, 25% para créditos productivos, 5% para el perdonazo tributario, 45% para el plan de enlosetado, 10% para la liberalización de la importación de diésel y 5% para la devolución de depósitos en dólares. Estos porcentajes suman un total de 170%, que al dividirse entre las diez medidas da como resultado el mencionado 17%.

Desde la perspectiva del Gobierno, estas iniciativas buscan redistribuir parte de los recursos que se generen a raíz de la eliminación de la subvención al diésel. En este contexto, el Bono Pepe 2 destina 874 millones de bolivianos a aproximadamente 2,9 millones de personas, además de la oferta de créditos que varían entre 50.000 y 400.000 bolivianos y un plan de enlosetado que promete generar alrededor de 18.000 empleos directos.

El estudio crítico sugiere que estas medidas no serían suficientes para mitigar el efecto del alza en el precio del combustible sobre el transporte, la canasta de alimentos y los ingresos de los hogares más vulnerables. Asimismo, se señala que muchas de estas medidas son temporales o están dirigidas a sectores específicos, lo que limita su alcance real. Como ejemplo, organizaciones de adultos mayores han expresado que los 500 bolivianos de la Renta Dignidad son insuficientes ante el aumento de los costos de vida, aunque esta opinión no representa una medición generalizada de eficacia.

Este análisis surge en un momento crítico, dado que Paz ha anunciado que el diésel se comercializará a precio internacional, eliminando así el esquema de subvención. El Ejecutivo defiende que esta medida permitirá liberar recursos para inversión, protección social y producción, mientras que diversas voces disidentes cuestionan su impacto sobre el poder adquisitivo de la población.