Fortalecimiento de redes sociales en acuerdo con el FMI ante ajuste económico

El acuerdo firmado entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye la implementación de estrategias para reforzar las redes de protección social, con el fin de que el impacto del ajuste económico no afecte desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos.

Según el convenio, se asignarán recursos adicionales a los programas sociales como parte de las reformas económicas acordadas. La meta es que la disminución del déficit fiscal y las políticas de ajuste no profundicen las dificultades económicas que enfrentan las personas con menos recursos.

José Luis Porcel, secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, realizó una comparación entre esta propuesta y el antiguo Fondo Social de Emergencia establecido por la ley 211060, que fue creado para mitigar los efectos de crisis económicas anteriores. Destacó que estos mecanismos buscan suavizar el impacto de las reformas y prevenir un aumento en la pobreza o el descontento social.

El programa también propone mejorar la cobertura y la focalización de la ayuda estatal, aumentar la efectividad de los programas sociales, y promover la formalización del empleo a fin de generar más oportunidades laborales.

Porcel subrayó la relevancia de estas medidas en un contexto donde un programa de ajuste podría resultar en un incremento de la pobreza o generar reacciones sociales adversas. En este sentido, se buscará proteger las asignaciones para áreas fundamentales, como salud y educación, en un período de contracción económica.

Este acuerdo es parte de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), por un monto aproximado de 1.900 millones de dólares, que tiene como objetivo respaldar las reformas económicas implementadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.

El FMI indica que este financiamiento podría facilitar el acceso de Bolivia a nuevos créditos de entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permitiría conformar un paquete financiero que alcance al menos 5.000 millones de dólares durante la vigencia del programa.

El organismo internacional ha advertido sobre diversos problemas que enfrenta Bolivia, entre los que se encuentran déficits fiscales persistentes, disminución en la producción de hidrocarburos, reducción de reservas internacionales, alta inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos.

Ante esta situación, el Gobierno ha presentado un programa de reformas orientado a recuperar la estabilidad económica y reordenar las cuentas públicas, así como modificar el régimen monetario y fortalecer la política monetaria.

Uno de los compromisos del Gobierno es alcanzar un déficit fiscal de cero y reforzar la autonomía operativa y la gobernanza del Banco Central de Bolivia. El programa también incluye reformas para mejorar el clima de negocios, reducir las distorsiones del mercado y fortalecer las instituciones, lo que contribuirá a mejorar las condiciones para la inversión y la creación de empleo.

Además, el acuerdo contempla medidas para promover la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de contratación pública y reforzar las políticas en contra de la corrupción.

En este contexto, las redes de protección social se posicionan como un elemento clave para suavizar el impacto de las reformas económicas y evitar que el proceso de ajuste agrave la situación de los sectores más vulnerables.