Gobierno planea ceder la importación de combustibles a la iniciativa privada

El Gobierno boliviano ha decidido que la importación y venta de carburantes será responsabilidad de empresas privadas. Así lo informó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, quien argumentó que esta medida permitirá que la estatal YPFB se concentre en sus funciones fundamentales de exploración y refinación de hidrocarburos.

Blanco indicó que los esfuerzos del Gobierno están dirigidos a que YPFB retome su función original y deje de lado su rol de comercialización de combustibles. "La normativa establece que Yacimientos debe enfocarse en su rol natural y permitir que los actores privados sean quienes lideren la cadena de suministro de combustibles", afirmó.

Este anuncio se da en el contexto de la intervención temporal de YPFB, que se extenderá por un máximo de 180 días, tal como establece el Decreto Supremo 5697, motivado por las deficiencias en los procesos de importación y distribución de combustible.

Una comisión interministerial, que incluye representantes de cinco ministerios y el Viceministerio de Transparencia, será responsable de revisar los procedimientos de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles. Esta instancia podrá proponer auditorías y detallar irregularidades que sean detectadas.

Sin embargo, la decisión ha generado escepticismo en algunos sectores, como en el Transporte, donde se considera que esta intervención es solo una "cortina de humo" para desviar la atención del desabastecimiento de diésel. En esta línea, el vicepresidente Edmand Lara criticó la medida, argumentando que no resolverá problemas existentes como los largos tiempos de espera en las estaciones de servicio y el contrabando.

Lara hizo un llamado al presidente Rodrigo Paz para que actúe rápidamente, advirtiendo que la situación económica es insostenible. "No podemos afrontar otros 50 días de bloqueos. La economía está siendo seriamente afectada y el tipo de cambio está incrementándose", expresó.

En el marco de la intervención, se han detectado más de 630 accesos no autorizados a los sistemas de YPFB, además de irregularidades en la asignación y logística de combustibles. Sebastián Daroca, presidente de la estatal, informó que se han cancelado estos accesos y se están tomando medidas para limitar el ingreso a las áreas que realmente lo requieren.

Asimismo, se han encontrado fallas en los procesos logísticos, incluidas deficiencias en la recepción y despacho de cisternas. Daroca aseguró que se están identificando a los responsables de estas irregularidades, y que algunos han sido suspendidos mientras avanza la investigación.