Intervención de YPFB por 180 días para mejorar operaciones

El Gobierno boliviano ha implementado una intervención temporal en YPFB que durará hasta 180 días, con la finalidad de resolver problemas en las operaciones de la empresa. Esta decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5697, que fue emitido el 1 de septiembre y establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria.

La intervención podría extenderse excepcionalmente por un período adicional de 90 días, si las razones que motivaron la medida persisten. Alternativamente, se puede dar por concluida antes de los 180 días si se logran corregir las deficiencias identificadas.

Motivos de la intervención y funciones de la comisión

El decreto señala que la intervención se justifica por las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de combustibles", que constituyen un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país. Es importante destacar que esta intervención no eliminará a YPFB ni cambiará su naturaleza jurídica o estructura institucional.

La recién formada Comisión de Intervención estará conformada por ministros y representantes de diferentes carteras, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia. Tendrá como tareas prioritarias la comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.

Entre sus responsabilidades, la comisión deberá recomendar auditorías para identificar casos de contrabando y desvío de combustibles, y podrá sugerir la inclusión de profesionales especializados para mejorar la gestión. También evaluará y corregirá los procesos de importación, distribución y comercialización, así como las acciones que puedan haber comprometido el abastecimiento de combustibles.

Además, la comisión tiene la facultad de solicitar información a YPFB, y el incumplimiento por parte de sus autoridades podría acarrear responsabilidades administrativas o penales. Las auditorías serán fundamentales para esclarecer responsabilidades en caso de detectar irregularidades.

Finalmente, se destaca que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que se financiará a través de los presupuestos de las entidades que integran la comisión, en línea con la política de austeridad del Gobierno.