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Política

Intervención gubernamental en zonas mineras tras orden del Tribunal Agroambiental

por Efraín Villarroel

30 de septiembre de 2026


En una reciente resolución, el Tribunal Agroambiental ha exigido al Gobierno de Bolivia y a diversas instituciones la creación de un plan integral para intervenir en las áreas impactadas por la actividad minera, especialmente en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi. Este plan deberá ser presentado en un plazo de 10 días a partir de la notificación y comenzado a implementar en los siguientes 15 días.

La presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas, explicó que el plan debe basarse en un análisis situacional de las regiones afectadas, lo cual será responsabilidad de los ministerios pertinentes. Esto permitirá definir acciones específicas de intervención para cada área afectada. La resolución fue emitida el viernes, y las notificaciones a las instituciones continúan en curso.

Los ministerios que deben participar en la elaboración del plan incluyen Defensa, Gobierno, Minería y Metalurgia, Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Además, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) también está involucrado. La resolución también prohíbe la recepción y tramitación de nuevas solicitudes de contratos administrativos mineros en las áreas indicadas.

Por otro lado, se estableció que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) debe verificar, en un plazo de 60 días, las operaciones mineras que cuenten con derechos vigentes y suspender aquellas que no posean licencia ambiental. Asimismo, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) tiene la responsabilidad de detener el registro o actualización de cooperativas auríferas que operen en los ríos mencionados.

Adicionalmente, el Tribunal ha solicitado al Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y universidades públicas, elaborar un diagnóstico sobre las comunidades indígenas en riesgo debido a la exposición al mercurio. También deberán desplegar brigadas móviles en un plazo máximo de 10 días hábiles. Chávez Rodas advirtió que el incumplimiento de estas resoluciones será reportado al Ministerio Público.


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