Intervención temporal de YPFB por deficiencias operativas
por Silvia Orellana
2 de septiembre de 2026
La administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será sometida a una intervención extraordinaria por un periodo inicial de hasta 180 días, a partir de la publicación del Decreto Supremo 5697 el 1 de septiembre. Esta medida responde a las deficiencias observadas en sus operaciones y busca optimizar el proceso logístico relacionado con la importación y distribución de combustibles.
La intervención será supervisada por una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, que estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia. Esta comisión tiene como tarea principal asegurar la correcta gestión de YPFB durante el periodo de intervención.
Entre los objetivos de la comisión se incluye la realización de auditorías técnicas para evaluar la cadena logística de YPFB, con el fin de identificar irregularidades como contrabando y desvío de combustible. También le corresponderá determinar las responsabilidades de los funcionarios implicados en las prácticas irregulares.
El decreto permite que la intervención se extienda excepcionalmente hasta 90 días adicionales si persisten las razones que justificaron la medida, aunque también puede finalizar antes si se logran subsanar las deficiencias detectadas.
Además, la nueva comisión podrá revisar y formular recomendaciones sobre los procesos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, así como evaluar la gestión de recursos del Estado y la seguridad energética. Tendrá la facultad de recomendar la remoción de personal si se considera necesario.
La normativa establece que el personal de YPFB deberá proporcionar toda la información requerida por la comisión en los plazos establecidos, y el incumplimiento de esta obligación podría acarrear sanciones administrativas o penales.
Por último, se aclara que la intervención no implicará la necesidad de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que cualquier gasto será cubierto por los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión.
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