La COB se opone a la extensión del Estado de Excepción y anuncia un ampliado nacional

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, manifestó su desaprobación ante la propuesta del Gobierno de extender el Estado de Excepción por un periodo adicional de 90 días. En su declaración, Argollo anticipó que se convocará a un ampliado nacional para discutir los resultados de las mesas de trabajo que se establecieron tras los bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.

Durante una conferencia de prensa, Argollo subrayó que no existe sustento legal que justifique la prolongación de esta medida, que se encuentra vigente hasta esta semana. "No hay justificación legal para extender el Estado de Excepción", afirmó, añadiendo que esta decisión podría resultar perjudicial para el presidente Rodrigo Paz debido a que hay sectores sociales que han expresado su rechazo a esta posibilidad.

Argollo también cuestionó que el Gobierno atribuya exclusivamente a los bloqueos de 53 días la crisis actual, señalando que, tras este periodo, las filas para obtener combustible persisten. "El pueblo no está loco", enfatizó, exigiendo a las autoridades que busquen soluciones efectivas a los problemas que enfrenta la nación.

El Estado de Excepción ha estado en vigor en Bolivia desde el 20 de junio, tras la promulgación de la Ley 1740, que regula este tipo de medidas, así como la emisión del Decreto 5636. Aunque inicialmente tenía una duración de 90 días, el Decreto 5707 propuso una extensión de otros tres meses después de que finalice el primer periodo.

El Decreto 5707 debe ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su autorización, conforme al artículo 10.II de la Ley 1740. Mientras tanto, mantiene vigentes las disposiciones del D.S. 5636, invocando el artículo 13 de la misma norma. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que la ALP tendría un plazo de 72 horas para considerar el Decreto, advirtiendo que, si se rechaza, se levantará el Estado de Excepción en el país.

En caso de que la Asamblea no trate el decreto, este podría ser objeto de análisis constitucional para determinar su aplicación, lo que añade un nivel de incertidumbre sobre la continuidad de esta medida extraordinaria en el país.