La industria de la construcción en crisis: Caboco solicita acción inmediata del Gobierno

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), junto a otras organizaciones del sector, ha expresado su alarmante preocupación por la grave crisis que enfrenta la industria de la construcción en Bolivia. Esta situación pone en riesgo no solo la continuidad de múltiples proyectos, sino también la estabilidad de las empresas y el cumplimiento de contratos de obra pública.

A través de un comunicado, los representantes del sector señalaron que la construcción es crucial para la generación de empleo en el país, particularmente para los trabajadores menos calificados. Este sector no solo involucra a ingenieros y arquitectos, sino que también apoya a una gran cantidad de trabajadores que dependen de su actividad. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026, el PIB de la construcción ha sufrido una drástica caída del 27.3%, según el "Reporte de Inflación y Política Monetaria" del Banco Central de Bolivia, siendo el sector más afectado en comparación con otras industrias.

Los constructores atribuyen esta crisis a una combinación de factores, entre ellos el aumento de los costos de construcción, las dificultades para acceder a divisas, problemas de flujo financiero y retrasos en los pagos. Adicionalmente, la reciente eliminación de la subvención al diésel, que elevó su costo de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro (un aumento del 83%), ha impactado significativamente en los costos de las obras, lo que las empresas no pueden absorber por sí solas, resultando en la paralización de proyectos.

Ante esta situación alarmante, Caboco, junto con el bloque de la industria de la construcción, solicita a las autoridades, especialmente al presidente Rodrigo Paz Pereira y a los ministros involucrados, una reunión urgente para discutir esta problemática y establecer una agenda de acciones concretas.

El principal desafío que enfrentan actualmente es el desequilibrio económico-financiero de los contratos de obra pública vigentes. Para abordar esto, han comenzado a establecer canales de coordinación con la esperanza de encontrar soluciones efectivas. En su declaración subrayan la necesidad de que las instituciones responsables de los proyectos aclaren su presupuesto para poder aplicar los reajustes necesarios.

Finalmente, enfatizan que el ajuste de precios debe ser una práctica permanente en la contratación pública, respondiendo a las variaciones de costos, de modo que las empresas no tengan que asumir riesgos que comprometan su viabilidad.