La mayoría de los incendios forestales en Bolivia son intencionales, según el Gobierno

El viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila, declaró este domingo que la gran mayoría de los incendios forestales que se han registrado en Bolivia son provocados, y en algunos casos, tienen intenciones geopolíticas. En su intervención en el programa 'Hagamos Democracia' de la Red Erbol, solicitó la necesidad de fortalecer las sanciones y acelerar los procesos judiciales para quienes sean identificados como culpables.

Ávila puntualizó que los incendios tienen múltiples orígenes, y si bien hay casos que responden a acciones conscientes por parte de individuos en actividades agrícolas o ganaderas, también existen incidentes provocados por negligencia. Mencionó el caso de Guarayos, donde la población ha sufrido a causa de incendios en al menos dos ocasiones, atribuidos a la falta de cuidado.

El Viceministro explicó que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) es la entidad responsable de llevar a cabo las operaciones en el terreno y de gestionar las denuncias relacionadas con los incendios, trabajando en coordinación con otras instituciones y con la Policía.

Informó que actualmente hay dos personas procesadas en Tarija por su implicación en incendios, y en Santa Cruz, se ha detectado que el fuego ingresó desde Brasil, lo que sugiere que el origen de esos incendios podría estar fuera del país.

Además, Ávila destacó que el Gobierno ha ordenado a la ABT realizar todos los esfuerzos necesarios para identificar a los responsables de los incendios forestales. Sin embargo, mencionó que uno de los principales obstáculos para sancionar a los culpables radica en las penas actuales, que permiten que algunos imputados se beneficien con medidas como la detención domiciliaria.

Para abordar esta problemática, el Viceministro anunció que se está trabajando junto a parlamentarios en una propuesta para aumentar la severidad de las penas y agilizar los procedimientos judiciales para quienes causen incendios forestales, con el objetivo de que estos actos se consideren delitos más graves y con procesos más rápidos, de modo que los responsables puedan ser encarcelados.