Lara enfatiza la obligatoriedad del arraigo para exautoridades

El vicepresidente Edmand Lara reafirmó que la Ley 1709, que modifica la Ley 1352, establece una obligación de permanencia en el país de seis meses para las exautoridades. Esta normativa busca garantizar que, tras dejar sus funciones, puedan rendir cuentas adecuadamente ante el Estado.

Lara especificó que tanto el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, están sujetos a esta normativa mientras la ley permanezca en vigor. En este contexto, hizo hincapié en que no se deben otorgar privilegios o favores políticos en la aplicación de la ley.

El vicepresidente cuestionó la posibilidad de que una futura designación como embajador permita a estas exautoridades evadir dicha obligación. "No se puede convertir una designación diplomática en un escape para eludir el cumplimiento de la ley", afirmó con claridad.

Además, Lara recordó que el Senado tiene la responsabilidad constitucional de aprobar o rechazar los nombramientos de embajadores propuestos por el Presidente, pero esta facultad no debería utilizarse para eludir las disposiciones de una ley vigente.

Invocando el principio de supremacía constitucional que estipula el artículo 410 de la Constitución, el vicepresidente insistió en que ninguna resolución del Senado puede sobrepasar una ley.

Finalmente, Lara subrayó que su postura no se dirige específicamente contra Camacho o Lupo, sino que busca enfatizar la importancia del cumplimiento de la normativa. "Cuando la ley se adapta a los intereses del poder, la igualdad ante la ley desaparece", concluyó, reafirmando que todos los exfuncionarios deben cumplir con la ley sin excepciones.