Las gobernaciones quedan exentas del pago de bonos de vacunación y prediarios

El reciente consenso alcanzado sobre el modelo de redistribución conocido como '50-50' implica que las gobernaciones no estarán obligadas a financiar el bono de vacunación para el personal del sector salud ni los prediarios, que consisten en la asignación de 8 bolivianos diarios para la alimentación de los reclusos en las cárceles.

Desde 2012, durante la gestión del expresidente Evo Morales, se ha implementado el pago del bono de vacunación, cuyo monto ha sido ajustado hasta alcanzar los 4.329 bolivianos, según lo dispuesto por el Decreto Supremo 4745 de 2022. Por otro lado, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, en julio de 2025, había 33.058 personas encarceladas en el país.

Este acuerdo es producto de las negociaciones que comenzaron el martes en Sucre, donde técnicos de las siete gobernaciones, junto con el viceministro de Autonomía, Adrián Oliva, y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, establecieron una ruta crítica para la implementación del modelo '50-50'.

El ministro Espinoza destacó que, en gestiones anteriores del Movimiento al Socialismo (MAS), se había forzado a las gobernaciones a asumir gastos que no les correspondían, limitando su autonomía financiera. "Se les ha impuesto la carga de financiar el bono de vacunación y los prediarios, lo que consideramos una violación a su autonomía", afirmó.

El actual Gobierno, liderado por el presidente Rodrigo Paz, tiene la intención de eliminar estas obligaciones a través de una nueva ley que está en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta legislación también propone que el Ministerio de Educación asuma el costo de los títulos de bachiller, los cuales deben ser gratuitos para los estudiantes.

El Proyecto de Ley, que ya ha pasado por la aprobación en la ALP, se encuentra en la Cámara de Diputados para su posterior trámite. Una vez que sea sancionado, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El ministro Espinoza añadió que se discutirá y acordará sobre otros gastos que no corresponden a las competencias de las gobernaciones, buscando una armonización entre el Gobierno central y las regiones. Se espera que, de manera progresiva, se eliminen las condicionalidades de gasto impuestas a las gobernaciones.